Hace poco más de dos meses que el PNV pasó de dar un balón de oxígeno a la legislatura de Mariano Rajoy y apoyar sus Presupuestos a demoler su carrera política y sacar a su partido del Gobierno al votar a favor de la moción de censura presentada por el PSOE. El traslado de dos presos de Eta a una cárcel de Euskadi esta semana es, para el nuevo líder del PP, Pablo Casado, la moneda con la que Pedro Sánchez paga al PNV aquel apoyo. Sin embargo, las víctimas de los terroristas entienden esa medida penitenciaria y el Gobierno la enmarca en la misma ley que Rajoy aplicó el pasado mes de febrero.
Olga Sanz y Javier Moreno cumplían condena en el centro de inserción social de Villabona (Asturias). Ella consiguió el tercer grado penitenciario en febrero, cuando gobernaba el PP, mientras que su pareja accedió a él en julio, cuando Sánchez estaba ya instalado en la Moncloa. Ambos fueron trasladados el martes a la cárcel de Basauri (Vizcaya), donde cumplirán la última parte de sus condenas en semilibertad, de manera que solo acudirán a prisión para dormir.
El Gobierno incide en que se trata de un "traslado" y no un "acercamiento". El primer término implica que se accede a ese beneficio penitenciario dentro del procedimiento estipulado por la legislación al haber alcanzado el tercer grado, mientras que el segundo tiene una connotación política. Tanto las asociaciones de víctimas como el Ejecutivo socialista rechazan que se trate de lo segundo. Desde el momento en el que se permiten las salidas de la cárcel correspondientes al tercer grado, "el acercamiento es automático", afirmó este jeuves la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet.
Covite y la AVT consideran el traslado de los dos presos ajustado a derecho y se muestran a favor siempre que se cumpla la ley
Antes que ella, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, había explicado que la medida se debía a un "cumplimiento estricto de la legalidad". Los requisitos que incluye la ley con la que Instituciones Penitenciarias justificó el traslado son: haber cumplido tres cuartas partes de la condena, abonar la responsabilidad civil, pedir perdón a las víctimas, desvincularse de la organización terrorista, renunciar a la violencia y mostrar su disposición a colaborar con las autoridades.
SIN PERDÓN. No pidieron perdón. Esa es la condición incumplida a la que se agarró esta semana el PP para enmarcar la medida dentro de una negociación política. El eurodiputado vasco del PP Carlos Iturgaiz, objetivo del comando Vizcaya al que pertenecieron los dos presos etarras trasladados a Basauri, aseguró que a él no le habían pedido perdón. Iturgaiz, que fue presidente del PP en Euskadi, recriminó a Sánchez que pagara así los "apoyos nacionalistas e independentistas" en el Congreso. Con enorme dureza, el eurodiputado consideró que la política del presidente del Gobierno pasaba "por premiar a los verdugos y castigar a las víctimas".
"Lo lamento sinceramente", fueron las palabras que Olga Sanz escribió en marzo en una carta muy similar a la de otros presos de Eta arrepentidos en la que pedía perdón por el daño causado. Ocurría 20 años después de ser detenida en 1998 en el barrio bilbaíno de Zorroza. En 2002 fue condenada por la Audiencia Nacional a 71 años por su actividad terrorista: asesinato, colaboración con banda armada, depósito de armas, falsificación de documento oficial y robo.
Ni Iturgaiz ni Casado consideraron esa carta como una disculpa. En un homenaje este jueves en Santa Pola (Alicante) a los fallecidos en el atentado terrorista de 2002 frente a la casa cuartel de la Guardia Civil, Casado lamentó que el traslado de Olga Sanz y su pareja a Basauri no hubiera contribuido a esclarecer los planes para atentar contra el entonces presidente del PP vasco y consideró la medida adoptada como "una contraprestación a una moción de censura vergonzante".
SIN CESIONES. El líder de los populares sugirió que Pedro Sánchez favorecía al entorno de los terroristas al indicar que Eta había sido derrotada por la Policía, la Guardia Civil, la sociedad, los jueces y la cooperación internacional "sin ceder nada a cambio". "Nos molesta profundamente que haya una cesión a los terroristas y que, sin embargo, no se esté cerca de las víctimas", concluyó.
Estas, sin embargo, se mostraron conformes con el traslado de los dos etarras. Es "absolutamente legal" y "totalmente ajustado a derecho", indicó la presidenta de las víctimas vascas (Covite), Consuelo Ordóñez. Su hermano Gregorio, concejal del PP, fue asesinado por Eta de un disparo en la cabeza cuando almorzaba en un bar de Donostia en 1995. Su hermana añadió que "jamás" había criticado el acercamiento de presos si cumplía con la ley.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) también reconoció que la medida "cumple con los requisitos establecidos por la ley", aunque el consejero de la entidad Miguel Folguera anunció que estará "vigilante" ante los movimientos que puedan darse en las próximas semanas o meses.
