La Policía Nacional ha irrumpido esta mañana en la sede del PSC en Barcelona para buscar pruebas de que el partido encargó el espionaje a la líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, y se han llevado el ordenador de la gerente, Lluisa Bruger, que ha sido imputada por la juez del caso Método 3.
Según ha confirmado el secretario de organización del PSC, Esteve Terradas, los agentes de la Policía Nacional han acudido a la sede central del PSC, en la calle Nicaragua, en una comitiva judicial, y han requisado el ordenador de la gerente, a la que han comunicado su imputación en el caso del espionaje político vinculado a la agencia de detectives Método 3.
Con la irrupción de la Policía en la sede del PSC, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona buscaría indicios o pruebas de que algún responsable del partido encargó la grabación de la conversación privada que mantuvieron en el restaurante La Camarga de Barcelona Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola.
La comitiva judicial le ha entregado a la gerente la notificación de su imputación en el caso, por lo que deberá comparecer en los próximos días ante la juez, según fuentes cercanas al caso.
En una rueda de prensa convocada de urgencia, el secretario de organización del PSC, Esteve Terradas, ha explicado que su partido "actuará con la máxima transparencia y disponibilidad para colaborar con la administración de justicia" para aclarar este asunto.
Terradas ha recordado que el caso sigue bajo el secreto del sumario, por lo que, según ha señalado, su partido no es conocedor del contenido de las diligencias judiciales.
El dirigente socialista ha explicado que no ha hablado en las últimas horas con el exsecretario de organización de este partido José Zaragoza, a quien algunas informaciones periodísticas apuntaron como el autor del encargo a Método 3 del espionaje a Camacho.
El PSC ha negado este mediodía "haber participado o tener alguna responsabilidad" en el caso de espionaje político vinculado con la agencia de detectives Método 3, pero ha ofrecido "la máxima colaboración" a la juez que investiga el asunto.
El PSC también ha precisado en un comunicado que "hemos prestado y seguiremos prestando la máxima colaboración con la justicia porque somos los primeros interesados en el total y rápido esclarecimiento de estos hechos".
Ha añadido, asimismo, que el PSC no pedirá responsabilidades a la gerente imputada "porque no es un cargo político".
La Policía ha permanecido en la sede del PSC entre 45 y 50 minutos para recoger el ordenador de la gerente.
Poco después de estallar la polémica al descubrirse que Método 3 había grabado la conversación privada en el restaurante La Camarga de Barcelona entre la líder del PPC, Alicia Sánchez Camacho, y la examante de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez, el exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza admitió que su partido había encargado cuatro trabajos de seguridad entre 2009 y 2011 a la agencia, pero negó cualquier actuación irregular.
En una rueda de prensa el pasado 13 de febrero, Zaragoza reconoció que había encontrado facturas con Método 3 por "cuatro actuaciones de protección y seguridad" de la sede del PSC en la calle Nicaragua, como auditorías de seguridad y barridos por despachos-, entre 2009 y finales de 2011.
No obstante, Zaragoza negó las informaciones periodísticas del diario El Mundo, que le atribuyó el encargo a Método 3 para espiar la conversación privada entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez.
De hecho, tanto Zaragoza como Sánchez-Camacho tienen pendiente comparecer en el Parlament para dar cuenta de este caso, según un reciente acuerdo de los grupos de la cámara catalana.
La titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona acordó ayer prorrogar un mes el secreto del sumario sobre el caso, a instancias de la fiscalía.
La juez decidió el pasado 9 de julio seguir investigando el caso, al considerar que el acuerdo que la dirigente popular alcanzó con la agencia de detectives Método 3 para retirar su demanda "no extingue la acción penal".
Tras la decisión de la juez, los fiscales del caso, Emilio Sánchez-Ulled y Fernando Bermejo, han estado preparando en los últimos días, en medio de un gran hermetismo, un documento para pedir a la juez nuevas diligencias relacionadas con el caso, que hoy se han concretado con la irrupción de la comitiva judicial en la sede de los socialistas catalanes y la imputación de la gerente.
