El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha negado este jueves que el 8M tuviera "evidencia científica" de la gravedad del coronavirus como para prohibir los actos de ese día, mientras que un nuevo informe de la Guardia Civil sugiere que el Gobierno era consciente de ello e insinúa que ha ocultado datos a la jueza que lleva el caso.
Este jueves han amainado un poco las críticas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil que ha presentado ya dos informes a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.
En el documento conocido este jueves, que subsana algunos errores del primero, la Guardia Civil ha puesto el foco en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al insinuar que esta institución, dirigida por el doctor Fernando Simón, no ha aportado toda la información de que dispone, de manera que "podrían faltar documentos" claves para la investigación.
Uno de los apartados del informe, que consta de 200 páginas, hace constar la sospecha de los investigadores de que el CCAES no ha aportado toda la información que dispone sobre la pandemia con anterioridad al 8M, como así lo requirió la Policía Judicial en un oficio dirigido a Simón el 16 de abril.
Añade que "a pesar de solicitar en el oficio que participen todas las recomendaciones, instrucciones o directrices sanitarias que en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 fueran efectuadas, de la documentación aportada se deduce que podrían faltar documentos en relación con dicha información".
Por otro lado, el informe recoge las declaraciones a la Guardia Civil de varios testigos, sobre todo de trabajadores y directivos del área de Salud y de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno, cuyo titular, José Manuel Franco, declara ante la juez el próximo miércoles como imputado acusado de autorizar las manifestaciones del 8M.
De las manifestaciones de los testigos, la Guardia Civil deduce que la Delegación era ya consciente a mediados de febrero de la gravedad de la Covid-19 y, de hecho, elaboró protocolos de protección ante el virus para sus trabajadores.
Pero Illa, en su comparecencia ya habitual de los jueves en el Congreso, ha defendido lo que se hizo el día 8 de marzo, porque en aquel momento "no había la evidencia científica", "al menos yo no la tenía -ha dicho- para decir que había que prohibir eso".
"Con el 8 de marzo, yo creo que vamos un paso más allá, ¿no? Porque miremos el conjunto de actos que se celebraron en Madrid, incluso después del 8 de marzo, que hubo un concierto el día 11. Entonces, vamos a ver, ¿eh?", ha respondido Illa al diputado de Vox Juan Luis Steegmann al ser preguntado sobre la autorización para la manifestación del Día de la Mujer.
Mientras, en el ámbito judicial, un juzgado de Madrid ha rechazado por segunda vez admitir una querella contra Fernando Simón, después de que la jueza Rodríguez-Medel haya indicado también en dos ocasiones que la causa que instruye no se dirige contra él.
Aunque menos, las criticas al titular de Interior por parte de la oposición han vuelto a salpicar este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien el vicesecretario de Territorial del PP, Antonio González Terrol, ha acusado de ser "la X del 'caso Marlaska', en referencia al caso de los GAL.
En su opinión, lo ocurrido es "una injerencia como ninguna otra había ocurrido desde Luis Roldán en la Guardia Civil" y ha considerado que el "Viva el 8M" que ayer Pedro Sánchez dijo en el Congreso "puede perseguirle el resto de su carrera política" ya que es "toda una declaración del Ejecutivo sobre el poder judicial".
Pero desde el Gobierno siguen cerrando filas con Marlaska. Esta vez, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con su actuación en relación al cese del coronel, que ha justificado en "una pérdida de confianza", y ha criticado que la derecha use una "estrategia de acoso y derribo" para "embarrar" debates importantes.
