La Guardia Civil eleva a cuatro millones el gasto de la Generalitat para la independencia

Añade a los 3,26 millones del 1-O, otros 760.000 euros en programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado

Simpatizantes independentistas se dieron cita en la Plaça de Sant Jaume para apoyar el 1-O. ARCHIVO
photo_camera Simpatizantes independentistas se dieron cita en la Plaça de Sant Jaume para apoyar el 1-O. ARCHIVO

La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros el gasto de "fondos públicos" de la Generalitat de Cataluña en su camino para lograr la independencia, según uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press. El instituto armado añade, a los 3,26 millones empleados en el 1-O, otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos que corresponden al Estado.

Según este informe, entregado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el procés, la Generalitat ha contratado -desde 2014 hasta la aplicación del artículo 155 de la Constitución- el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos y de poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.

La última de estas herramientas informáticas costó un total de 241.382,30 euros, la llamada back office SAP TRM, que formaría parte del sistema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).

Este programa permitía, según el informe policial, llevar a cabo el "objetivo principal" de obtener el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios -IRPF y cotizaciones sociales- que permitiese financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la Agencia Tributaria Catalana fuese plenamente operativa, en el supuesto de una Cataluña independiente.

LEY TRIBUTARIA. Para ello, los investigadores exponen que la Generalitat realizó una interpretación "abusiva" de la Ley General Tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda. Utilizando esta posibilidad, la ATC se presentaba como actor intermedio entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal.

De esta forma lograban implementar una medida que les permitiera canalizar estos fondos a través de un ente que tuvieran bajo su control directo, la Agencia Tributaria Catalana, y presentaban a ésta como una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos para de este modo "evitar despertar las sospechas de las autoridades centrales".

Este desarrollo informático fue encargado a la empresa IBM, a quien la Generalitat tuvo que pedir, una vez que se aplicó el 155 de la Constitución, que cerrase y desactivase la aplicación definitivamente ya que el Gobierno de Mariano Rajoy no consideró competente a la Administración Tributaria de Cataluña (ATC) para gestionar el IRPF y las cotizaciones sociales. El coste de desactivar el programa fue de 16.162,20 euros.

Pero este no fue el primer y único intento de la Generalitat de hacerse con los datos tributarios de los contribuyentes y de lograr una herramienta que les permitiera recaudar ellos mismos todos los impuestos cuya exclusividad es del Estado.

Ya en 2014, la Generalitat catalana, con la administración de Artur Mas, contrató el desarrollo de otra aplicación informática llamada "Gestor de Entradas", para que las personas que voluntariamente lo desearan pudieran entregar a la Agencia Tributaria Catalana una copia de la declaración del IRPF con posterioridad a haberla presentado en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). 

MEDIO MILLÓN. El coste de esta herramienta, descartada dos años después de crearse, fue de 511.720,95 euros. Según los investigadores fue creada para obtener "de manera unilateral la mayor cantidad posible de información relativa a un impuesto, el IRPF, cuya competencia correspondía en exclusiva la administración estatal".

Por ello, en sus conclusiones, consideran que "los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían" y añaden que "la cuantía total destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759.390,58 euros".

En esa cantidad incluyen también el 45 por ciento del coste de los viajes al extranjero de los dirigentes de la Generalitat para buscar financiación para la República que pensaban implementar y que asciende a 6.287,33 euros. El porcentaje restante no está registrado ya que están a la espera de recibir los datos que aún no ha aportado la Generalitat. A ellos se suman los 241.382,30 euros de los programas informáticos para recaudar impuestos masivos del Gobierno de Puigdemont y los 511.720,95, del Gestor de Entradas desarrollado por el de Artur Mas para lograr los datos fiscales de los contribuyentes. 

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