El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha pedido hoy comparecer ante el Parlamento autonómico para "contrastar" datos sobre los ERE fraudulentos y no tiene "ningún inconveniente" en hacerlo también en las Cortes si así se solicita y lo permite el reglamento del Congreso.
Griñán, que ha hecho este anuncio en la conferencia de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, ha subrayado que "una vez más, para que no haya dudas" comparecerá ante la Cámara autonómica y que está dispuesto a hacerlo "donde sea necesario" porque "ésta ha sido y es la forma de actuar" de su gobierno, "aunque puede -ha añadido- que no sea la de otros gobiernos". Así, ha recordado que ha comparecido ante una comisión de investigación y ha respondido en doce ocasiones en el pleno del Parlamento autonómico, que ha debatido 466 iniciativas sobre este asunto y ha tramitado 389 respuestas escritas y 77 orales. Tras recalcar que la corrupción es "siempre condenable, le afecte a quien le afecte" y que "ninguna corrupción puede tapar otra corrupción", ha dicho, al ser preguntado si se ve imputado, que no hay "ningún argumento legal posible" que lo "justifique".
Ha remarcado que luchar contra la corrupción es "una empresa de todos los ciudadanos y, en particular, de los políticos", y ha agregado que lo "peor" que se puede hacer es utilizar la corrupción como "arma arrojadiza" para obtener "réditos electorales". ''Cuando se hace eso envilecemos el debate y terminamos siempre recurriendo a la insidia, la mentira y la calumnia", ha advertido Griñán tras confesar que tras escuchar las últimas declaraciones del líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha sentido ganas de recordarle algunas cosas para "situarle ante su propia responsabilidad".
"Pero no lo voy a hacer porque no me lo permite mi sentido del honor y de la política, a la que llegué con los mismos medios y forma de vida que tengo hoy, tras treinta años de responsabilidades públicas, pero sobre todo no lo voy a hacer porque eso no restaría ni un ápice de gravedad a todas las irregularidades cometidos con fondos públicos en el llamado fraude de los ERE", ha enfatizado. A su juicio, de lo que se trata es de llevar "hasta el final" la depuración de responsabilidades porque "haciéndolo así, sin buscar otra cosa que la verdad, no solo se lograría condenar a los responsables, sino que además se pondría de manifiesto la limpieza y la honorabilidad de la inmensa mayoría de los políticos".
Ha recordado que el Gobierno andaluz ha tenido una "conducta activa" desde que se conocieron las irregularidades, en referencia a que la Junta lo denunció ante la fiscalía, abrió una investigación interna, se personó, pidió imputaciones, abrió nuevas líneas de investigación, pidió una fiscalización especial de los fondos y ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento. Ha subrayado, además, que la Junta denunció en el otoño del 2011 posibles "líneas irregulares de ayudas a determinadas empresas", una denuncia que espera que pueda "avanzar" en los próximos días, y se ha mostrado convencido de que se llegará al "esclarecimiento total" "sin prejuicios, sin condenas previas, sin insinuaciones malévolas ni medias verdades y sin trampas".
Sobre las responsabilidades políticas, ha dicho que no van a buscarlas "donde no las hay", en referencia a su gobierno, y preguntado sobre si el PSOE cometió un error en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz al no asumir que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández eran responsables ha respondido: "No sé si lo cometió o no, pero creo que en el futuro las responsabilidades políticas quedarán muy claras también".
Ha rechazado que como consejero de Hacienda "engordara" la partida 31L de los fondos de los ERE y ha insistido en que todos los procedimientos de atribución de fondos, tanto iniciales como la ampliación, se hicieron "conforme a la ley, en el Parlamento -a través de la aprobación del presupuesto-, conforme a la Ley de Hacienda y con el informe de la Intervención General de la Junta". "Todas las ampliaciones de crédito llevaron el informe de conformidad de la Intervención General de la Junta", ha recalcado Griñán, quien ha sido tajante al afirmar que la Intervención "jamás advirtió de fraude, sino de una discrepancia de procedimiento, que no era el adecuado para las subvenciones y se remitió a la Consejería de Empleo para que lo modificara".
El también secretario general del PSOE andaluz ha confesado que el caso de los ERE irregulares de la Junta le produce una "infinita tristeza" y que le produciría "bochorno" si el Gobierno andaluz no hubiera adoptado una serie de iniciativas, como denunciar el caso y hacer todo lo "imprescindible" para recuperar el dinero defraudado.
