El Gobierno mantiene la selectividad actual hasta 2025 por estar en funciones

El aplazamiento se debe a que los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de "extrema urgencia"
Alumnos en la primera jornada de la Abau en Lugo. SEBAS SENANDE
photo_camera Alumnos de la Abau en Lugo. SEBAS SENANDE

El Gobierno mantendrá el formato actual de la selectividad para el año 2024 y pospone los cambios previstos a 2025 por estar en funciones, según han informado a EFE fuentes ministeriales.

El aplazamiento se debe a que los informes jurídicos solicitados por el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría no avalan que un Gobierno en funciones pueda aprobar leyes o reales decretos, salvo que obedezcan a cuestiones de "extrema urgencia", han añadido las fuentes. 

Según el ministerio, la aprobación de la norma "excedería las competencias de un Gobierno en funciones, generando confrontación con las Administraciones autonómicas", y recuerda que la decisión adoptada atiende a la petición de un año de moratoria por parte de las instancias universitarias y rebaja la incertidumbre de docentes, alumnos y familias.

Tal decisión ha sido trasladada este jueves por el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, a representantes de los rectores de las universidades y a las comunidades autónomas durante una reunión por videoconferencia. 

Este aplazamiento hasta 2025 fue solicitado hace unos meses por Crue Universidades por considerar que era muy precipitado la aplicación de los cambios, aunque en ese momento no se atendió su petición.

El borrador de real decreto que regula el examen para el curso 2023-2024, que ya estaba tramitado y solo restaba su aprobación en Consejo de Ministros, fue paralizado el pasado mes de mayo a consecuencia de la convocatoria electoral del 23 de julio. 

El Gobierno adujo que estaba en funciones y, por tanto, dejaba su aplicación al Ejecutivo que saliese de las urnas.

Con la decisión adoptada este jueves por Educación, la prueba para los alumnos que este curso inician segundo de Bachillerato se mantiene igual que la celebrada en 2023; será el nuevo Ejecutivo el que habrá de calibrar si es necesario introducir pequeñas modificaciones para ajustarlo al real decreto ahora en vigor y las múltiples novedades introducidas en bachillerato.

También deberá decidir si esta moratoria repercute en el gradual periodo de aplicación de la nueva selectividad, previsto entre 2024 y 2028, fecha de su plena implementación.

El nuevo formato del examen obedece a la obligatoriedad de adaptarlo a la última reforma educativa de 2021 (Lomloe, conocida como ley Celáa), que cambiaba no solo los currículos -el contenido de lo que se enseña en clase-, sino el modo en el que el alumnado lo aprende, más competencial y menos memorístico.

Entre las novedades del mencionado real decreto destacaba que la duración de cada uno de los exámenes pasase a ser de 105 minutos en lugar de los 90 actuales, porque se incluirán ejercicios menos memorísticos en los que el alumno debe pensar y asociar ideas, y dejaba sin efecto la prueba de madurez académica inicialmente prevista.

También eliminaba la prueba de madurez académica y las preguntas tipo test inicialmente previstas -retiradas tras las fuertes críticas de la RAE y otras organizaciones académicas-, armonizaba las correcciones del examen -muy dispares por comunidades autónomas- y el alumnado podía elegir examinarse entre Historia de España o Historia de la Filosofía. 

Esta última materia se ha introducido este año como obligatoria en segundo de bachillerato.

El resultado de la selectividad supondrá el 40 % de la nota para el acceso a la universidad, mientras que la media de bachillerato será el 60 % restante.

El pasado mes de marzo, medio centenar de centros de diez comunidades, Ceuta y Melilla realizaron una prueba piloto orientada a armonizar las pruebas de acceso a la universidad de cara a junio de 2024, con el mencionado carácter competencial. 

Todas las comunidades fueron invitadas a participar pero al final las que decidieron tomar parte fueron Cataluña, Asturias, Cantabria, La Rioja, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir todas salvo las gobernadas por el PP en ese momento. 

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