El Gobierno deja en manos de Felipe VI adoptar nuevas medidas sobre su padre

Aunque afirma que las medidas para alejar al rey emérito de la Jefatura del Estado dependen de la Casa Real, el Ejecutivo es partidario de limitar la inviolabilidad del monarca
Felipe VI y Juan Carlos I. AEP.
photo_camera Felipe VI y Juan Carlos I. AEP.

El Gobierno considera que las posibles medidas que se puedan adoptar sobre el rey Juan Carlos es un asunto que "compete fundamentalmente" a Felipe VI, al tiempo que es partidario de limitar la inviolabilidad del jefe del Estado al ejercicio de su cargo porque "no hay espacio para la impunidad".

El Ejecutivo ha vuelto a referirse a la situación del rey emérito ante las nuevas informaciones aparecidas sobre el presunto dinero oculto que tenía en Suiza y la donación de 65 millones de euros que hizo a su amiga, Corinna Larsen, al margen del fisco.

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificase de "inquietantes y perturbadoras" las noticias publicadas, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha incidido este jueves en que "no tienen que ver con la situación de comportamiento constitucional absolutamente correcto" de Felipe VI.

Preguntada por si se están estudiando posibles salidas para Juan Carlos I para distanciarlo aún más de la Jefatura del Estado, Calvo ha respondido que esa decisión "compete fundamentalmente a la que tome el jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI".

"El Gobierno trabaja para que las instituciones funcionen de forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta", ha añadido Calvo en declaraciones en los medios antes de participar en un acto en Salamanca.

Don Juan Carlos sigue siendo miembro de la Familia Real y mantiene su residencia en el Palacio de la Zarzuela. De acuerdo con uno de los decretos que se aprobó tras su abdicación en junio de 2014, conserva de forma vitalicia "el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad".


La Casa Real no ha entrado en el debate de qué salidas se podrían barajar y se ciñe al comunicado que emitió el pasado 15 de marzo, en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que recibía del Estado.


Tras el relevo en la Corona, Juan Carlos I dejo de tener inviolabilidad y pasó a ser aforado, como los miembros del Gobierno y los parlamentarios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado que es partidario de que la inviolabilidad del rey se limite al ejercicio de su cargo y no cubra los eventuales delitos que pudiera cometer en su vida privada.

"No hay espacio para la impunidad en nuestro país", ha dicho Sánchez en una entrevista con Infolibre y elDiario.es, en la que ha insistido en que Felipe VI "se está distanciando claramente de esas supuestas prácticas reprobables" de su padre y que es preciso dejar trabajar a la justicia.


A juicio del presidente, es preciso "reflexionar" sobre el principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y "ver qué solución se le da", para lo cual habría que modificar la carta magna. "La Constitución tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades", ha sostenido.


No es la primera vez que Sánchez defiende acotar la inviolabilidad del rey. En diciembre de 2018, con motivo del 40 aniversario de la Constitución y ya como jefe del Ejecutivo, abogó por suprimirla y opinó que Felipe VI sería favorable a acabar con esa prerrogativa. En junio de 2014, cuando sopesaba ser candidato a la secretaria general del PSOE y en puertas del relevo en la Corona, Sánchez defendió abrir un debate sobre los "privilegios" de la monarquía y consideró "inexcusable" acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado.

Entre las noticias divulgadas este jueves, está el contrato por el que el rey emérito traspasó 65 millones a Corinna en 2012 desde una cuenta en Suiza a otra abierta en Bahamas. En el documento, firmado por ambos, se estipulaba que la donación quedaba desvinculada de la herencia del rey emérito y a ella no podrían acceder sus tres hijos, según el documento revelado por El Español. 

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