El Gobierno denuncia que los móviles de Pedro Sánchez y Robles fueron infectados por Pegasus

La portavoz del Ejecutivo y el ministro de Presidencia dieron una rueda de prensa urgente este lunes
Isabel Rodríguez y Félix Bolaños. SERGIO PÉREZ (EFE)
photo_camera Isabel Rodríguez y Félix Bolaños. SERGIO PÉREZ (EFE)

Los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron sometidos a escuchas por el programa Pegasus, según dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional.

Las escuchas a ambos teléfonos han sido anunciadas por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una rueda de prensa convocada esta misma mañana en el Palacio de la Moncloa. 

Bolaños ha explicado que, según los informes de ese organismo (que depende del Centro Nacional de Inteligencia), hubo dos intrusiones en el teléfono móvil de Sánchez en mayo de 2021 y una en el de Robles en junio de ese mismo año, sin que haya pruebas de que haya habido alguna posterior.

De ellos se extrajo "determinado volumen de datos", pero en este momento se desconoce su contenido concreto.
La intervención ilegal se ha comprobado durante una investigación que aún está en marcha y que alcanzará a los teléfonos móviles de todos los miembros del Gobierno, aunque ya tienen la certeza de que los móviles de Sánchez y Robles no fueron espiados después de los meses citados de 2021.

"Son hechos contrastados y de enorme gravedad que confirman que ha habido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley", ha añadido. En esa línea, ha insistido: "Estamos ante intervenciones ilícitas y externas".

El ministro de la Presidencia ha señalado que están seguros de que se trata de un ataque externo porque en España todas las intervenciones se realizan por organismos oficiales y con autorización judicial.

Al plantearle si externa significa extranjera, ha insistido en que con ello se refiere a que es ajena a los organismos estatales y, por tanto, no cuenta con la autorización de la Justicia.

Para que se conozca toda la verdad el Gobierno ha puesto a disposición judicial la información de la que dispone y la irá complementando a medida que se vayan conociendo más datos.

En concreto, ha presentado una denuncia esta misma mañana ante la Audiencia Nacional después de que hayan tenido constancia de las escuchas "en los últimos días" y se confirmara este domingo mismo con los informes del Centro Criptológico Nacional.

Bolaños ha subrayado que desde que se conocieron escuchas por Pegasus (en relación a las que fueron sometidos dirigentes independentistas) el Gobierno está actuando con todas sus capacidades para aclararlas con el fin de proteger la seguridad de las comunicaciones y garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas.

Por ello, el Ejecutivo implementará medidas para garantizar la seguridad de las comunicaciones en todos los organismos oficiales, incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos.

"El Gobierno va a ser inflexible con cualquier vulneración de derechos y libertades fundamentales", ha añadido antes de insistir en el compromiso "inequívoco" del Gobierno en aras de que se conozca la verdad sobre las escuchas.

El ministro no ha querido entrar en suposiciones ante la pregunta de si las escuchas de mayo y junio de 2021 pudieron estar relacionadas con la decisión que debía adoptar el Gobierno sobre los indultos a los líderes independentistas del procès. "Sobre cuál era el objetivo, no es el lugar ni el día para hacer conjeturas o interpretaciones", ha apostillado.

Por otra parte, Òmnium Cultural ha presentado una querella por el presunto espionaje con el programa Pegasus en representación del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera del expresidente Jordi Cuixart.

La querella, la primera que se presenta por este caso y que ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pretende demostrar "la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados", asegura Òmnium en un comunicado.