La Fiscalía de Madrid ha informado en contra del recurso presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ante la Audiencia Provincial de Madrid después de que se archivara la querella que presentó contra la concejala de Vox en Galapagar (Madrid) Cristina Gómez Carvajal, a la que acusa de coacciones y acoso diario tanto en las proximidades de su domicilio en Galapagar (Madrid) como en las redes sociales.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes fiscales, que añaden que el escrito del Ministerio Público incide en que los hechos atribuidos por la ministra a Gómez Carvajal no encajan en los tipos penales señalados en la querella.
Montero presentó recurso después de que la titular del Juzgado de Instrucción y primera instancia número 4 de Collado Villaba archivara la denuncia que la ministra presentó a finales de junio contra la concejal de Vox.
La concejala ha impulsado y participado en caceroladas ante la casa donde residen el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la localidad de Galapagar, ubicada en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
La formación que lidera Santiago Abascal aseguró, tras hacerse pública la querella de Montero contra su concejal Cristina Gómez Carvajal, que*la iba a expedientar por estos hechos, tras recordar que ya fue expedientada anteriormente "por cosas inapropiadas que ha hecho".
Vox se querella en la Audiencia Nacional contra Iglesias por el caso Dina
Vox ha presentado querella ante el juez de la Audiencia Nacional que invesiga el denominado 'caso Dina' contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario General de Podemos, Pablo Iglesias; su exasesora Dina Bousselham; la abogada de ésta Marta Flor, y el fiscal Ignacio Stampa, que es uno de los que investiga el denominado caso Tándem por las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.
Les imputa seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en los que Flor comenta determinada información que había obtenido del representante del Ministerio Público.
En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, de los artículos 456 y 457 Código Penal, estafa procesal, del artículo 250.1.7º Código Penal, tráfico de influencias del artículo 428 Código Penal, revelación de secretos, de los artículos 417 y 418 del Código Penal y estafa procesal del artículo 250.1.7ª del Código Penal, según informa Vox en un comunicado.
Por estos mismos hechos y delitos Vox presentó denuncia a finales del pasado mes de junio ante la Fiscalía General del Estado sin que ello haya tenido consecuencias por el momento.
La querella se ha presentado en la Audiencia Nacional pese a que Iglesias es aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de miembro del Gobierno y diputado, por lo que los hechos al menos en su persona no son competencia del juez de la Audiencia Nacional.
El caso 'Dina' arrancó en marzo de 2019, después de que la Policía Nacional encontrase en casa de Villarejo documentos de la ex asesora que parecían provenir de una extracción de datos de su teléfono móvil, cuyo robo denunció en noviembre de 2015. El asunto dio un giro a finales del pasado mes de mayo, cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, retiró la condición de perjudicado del vicepresidente tras constatar que tuvo en su poder la tarjeta del móvil de su exasesora durante varios meses antes de devolvérsela.
En su escrito, la vicesecretaria Jurídica de Vox, Marta Castro, denuncia una presunta implicación en los hechos del miembro de Fiscalía Anticorrupción querellado, en una presunta connivencia con la abogada de la formación morada, y que en el marco de una posible relación sentimental, para la obtención de información secreta y privilegiada. Habla también de las contradicciones de las declaraciones de los implicados ante el juez hasta llegar a lo que considera "ocultación y manipulación de la información ofrecida por los querellados al Juzgado para obtener diferentes réditos".
Según Vox, Bousselham ocultó al juez haber compartido las capturas de pantalla en las que Iglesias realizaba una serie de comentarios machistas sobre Mariló Montero. "La línea era culpar a Villarejo, sin embargo, más tarde la Policía Nacional acreditó que había mentido y tuvo que reconocer que las había pasado a terceros", explica Castro en la querella.
Añade que el marido de Dina, Ricardo Sa Ferreira, dijo a las autoridades que tras el robo del móvil él no había vuelto a saber nada sobre la tarjeta. Sin embargo, para acreditar que ella no la destruyó, aportó como prueba una serie de correos electrónicos que había mandado a una tienda para intentar recuperar los datos.
El partido liderado por Santiago Abascal insiste en su querella en que la exasesora de Iglesias dijo que sus intentos de recuperar la información se produjeron en el verano de 2016, pero los correos son de febrero de 2017. Sin embargo, Dina Bousselham declaró en un primer momento que había recibido la tarjeta quemada y que no pudo acceder a su contenido, implicando así a Iglesias.
