El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, que investiga el caso Edu sobre supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, comienza la próxima semana la toma de declaración a investigados y testigos de la primera fase de la operación.
Unas trescientas personas, entre ellas alumnos, profesores y empresarios, todas ellas relacionadas con las empresas y los cursos impartidos en la primera convocatoria, de diciembre de 2010, investigada por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tendrán que comparecer ante el juez instructor.
Las primeras declaraciones ante el juez tendrán lugar el próximo viernes 17 de abril y, según han confirmado fuentes judiciales, está previsto que se inicien con personas imputadas por estar relacionadas con empresas beneficiarias de cursos de formación.
Previsiblemente, las citaciones de los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas serán de las últimas
Para no entorpecer ni paralizar otros asuntos, el juzgado tiene previsto tomar declaraciones durante varios meses y, aunque las primeras semanas las citaciones se realizarán una vez a la semana, los viernes, en otras ocasiones las comparecencias se ampliarán a dos días. También serán citados los responsables y funcionarios encargados de conceder las ayudas, aunque según las fuentes consultadas, previsiblemente, estas citaciones serán de las últimas para que el juez instructor tenga sobre la mesa las declaraciones de testigos y supuestos beneficiarios.
Esta primera fase del caso Edu, que investiga el presunto fraude en los fondos de formación para desempleados, se ha dividido en dieciséis piezas separadas, aunque las diligencias se centran en diecisiete empresas, ya que dos de ellas se han agrupado en una misma pieza separada por tener vínculos.
SEGUNDA FASE. El juez instructor también tiene en su poder la investigación de la segunda parte de las pesquisas, la denominada Edu Costa, y que afecta a diez empresas en Málaga, todas ellas relacionadas con una convocatoria de ayudas de noviembre de 2010.
Las irregularidades detectadas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad, estafa y fraude de subvenciones.
La investigación del presunto fraude en los fondos de formación para desempleados se inició a raíz de una denuncia ante la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF). Esta unidad, tras investigar el caso, ratificó las supuestas irregularidades que se detectaron, entre ellas falta de capacitación de algunas de las empresas a las que se les concedieron los fondos y también un supuesto incumplimiento en la contratación del sesenta por ciento de alumnos o posibles irregularidades en los partes de asistencia.
Los agentes también determinaron en sus informes que pudo haber falta de control a la hora de conceder los fondos y en la justificación posterior de los programas formativos.
