Esperanza Aguirre niega estar involucrada en el caso de espionaje

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha asegurado que durante su mandato ni ordenó ni consintió el supuesto espionaje con fondos públicos a cargos del PP ocurrido en 2008 y que la abogacía de la Comunidad pide que se juzgue.

Preguntada por periodistas durante una rueda de prensa, la portavoz ha subrayado que "jamás" ordenó ni consistió que el espionaje "si es que se produjo, se produjera" y ha añadido que se alegra de que "cualquier irregularidad, no digamos ilegalidad se persiga".

Aguirre, que se ha mostrado como "la principal interesada en que se sepa", ha dicho suponer que los servicios jurídicos de la Comunidad han encontrado "nuevos datos" por lo que le parece "muy bien" que el caso, archivado en tres ocasiones, se vuelva a abrir para que "caiga todo el peso de la ley sobre quien haya cometido irregularidades" en un tema que no considera probado.

La edil popular se ha referido así al escrito de calificación enviado por los servicios jurídicos de la Comunidad al juzgado que investiga el caso y en el que, según la Cadena Ser, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes pide que se abra juicio, reconoce el espionaje político y apunta a que fue pagado con dinero público.

Además, la portavoz del PP ha negado que espiase a Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, quien era "el más aguirrista de los aguirristas", una circunstancia que según Aguirre se puede comprobar en las hemerotecas.

"Alguna vez he dicho que había otras razones en esas actividades, pero en fin", ha añadido Aguirre, quien ante la insistencia de los medios ha señalado que se trataba de "cuestiones de índole particular y amorosa" en las que no ha querido entrar.

En junio de 2015 la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el conocido como caso de los espías al considerar que hay indicios de delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios de la Comunidad Sergio Gamón Serrano, José Manuel Pinto y Miguel Castaño y los guardias civiles José Oreja Sánchez, José Luis Caro Vinagre y Antonio Coronado Martínez.

Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.