El Tribunal Supremo cree que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puede no ser constitucional y señala que condiciona la independencia judicial en su informe sobre la misma destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"No debe dejar de indicarse la difícil compatibilidad de la jurisprudencia vinculante" con la doctrina del Tribunal Constitucional, que "ha reiterado que el juez penal está sujeto únicamente a la ley, excluyendo a otras fuentes del ordenamiento jurídico".
Así se expresa literalmente el Supremo sobre una de las propuestas de la reforma, la regulación sobre la jurisprudencia vinculante de este tribunal. El informe, además, señala que el anteproyecto condiciona la independencia judicial y critica diversos puntos del mismo en su regulación de la carrera judicial, además de pedir que concrete sus previsiones sobre retribuciones para jueces y magistrados. "A propósito de la independencia judicial se debe poner de relieve que el anteproyecto, pese al énfasis con el que la proclama, contiene afirmaciones o prevé medidas que pueden condicionarla", señala.
Acto seguido se refiere a la "jerarquización de los órganos judiciales" que prevé la reforma de Gallardón y lamenta que someta a los jueces y magistrados a la autoridad del CGPJ en una declaración "inoportuna" dentro de un apartado referido a la potestad jurisdiccional. Además, alerta de la necesidad de que el anteproyecto clarifique si la comisión permanente del CGPJ, el órgano que domina esta institución, debe estar abierta a todos los vocales que cada cinco años integran el órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, el informe no ve bien que el anteproyecto hable de "magistrados suplentes" en el Supremo, mientras que defiende la figura del magistrado emérito.
Se opone también a la supresión de las categorías judiciales, porque aunque "tan juez es el de reciente ingreso como un magistrado del Tribunal Superior o del Supremo, no es menos cierto que éstos ocupan un lugar en la carrera judicial más significado y elevado que el primero por la propia naturaleza, significación y contenido de las funciones que desempeñan".
No acepta tampoco la consideración de Letrados de la Administración de Justicia que prevé la reforma para los secretarios judiciales y señala a este respecto que "carece de fundamento, siendo además inapropiada".
Sobre la jurisprudencia vinculante del Supremo el informe de la Sala de Gobierno de este tribunal añade a lo ya señalado que no es funcional. Así, señala en su informe que no es "conveniente la incorporación de la noción de jurisprudencia vinculante" a la Ley Orgánica del Poder Judicial porque "puede alterar el sistema de fuentes establecido". Además, señala que el procedimiento previsto para su aplicación por la citada reforma "resulta extraordinariamente complejo, pudiendo dar lugar a disfunciones en el régimen interno del Tribunal Supremo".
La potenciación de la doctrina del Supremo debería realizarse, añade el informe, a través de la regulación del recurso de casación, acerca del cual se pronuncia a favor de la doble instancia penal.
Sobre la casación civil el Supremo se muestra favorable al régimen previsto por el anteproyecto en el informe que su Sala de Gobierno ha remitido hoy al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), después de recabar la opinión de sus magistrados.
El CGPJ informará a este respecto el próximo 26 de junio. El órgano de gobierno de los jueces abrió a la carrera judicial, empezando por el propio Tribunal Supremo, el debate sobre este informe. Por ello, se han llevado a cabo reuniones con decanos y presidentes de las audiencias provinciales y asociaciones judiciales que han hecho sus aportaciones. Además del Supremo, más de 200 jueces han realizado sus propuestas a este texto.
