El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha confirmado hoy que son nulos e inconstitucionales todos los nombramientos de ediles no electos que hay en los ayuntamientos de las grandes ciudades, por lo que deberán salir de las corporaciones cuando se publique la sentencia de este asunto en el BOE.
A finales de abril, el TC declaró inconstitucional que los ayuntamientos de las grandes ciudades puedan nombrar miembros de sus juntas de gobierno local a personas que no tengan el acta de concejal por no haber resultado elegidas en las elecciones municipales.
En la sentencia, se consideraba inconstitucional y nulo el artículo de la Ley Reguladora de la Bases de Régimen Local de 1985 que establece que el alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no tengan la condición de concejales, "siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, excluido el alcalde".
En su petición de aclaración, la Abogacía del Estado preguntó si quienes fueron nombrados miembros no electos de las juntas de gobierno locales antes de esta sentencia podían seguir ejerciendo sus cargos una vez que fuera publicada, "en cuyo caso la nulidad no se extendería a los actos dictados, tras la publicación de la sentencia, por una junta de Gobierno Local no constituida íntegramente por concejales".
En el auto hecho público hoy, el TC señala que los actos que adopte la Junta de Gobierno Local a partir de la publicación de la sentencia y los que se dicten a partir de entonces por delegación de sus miembros "no son, como pretende el Abogado del Estado, situaciones jurídicas preexistentes sino nuevas situaciones jurídicas sobre las que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad despliega todos sus efectos".
Y ello, añade, "tanto en lo relativo a la composición de las juntas de gobierno locales que han de estar formadas, únicamente, por concejales electos, como en lo relativo a la validez de sus acuerdos".
No obstante, en la cuestión técnica, el auto declara no haber lugar a la aclaración solicitada porque "excede claramente" del objeto del trámite procesal, al pretender, según el TC, "la modificación del alcance del fallo".
A partir de la publicación de esta sentencia en el BOE en los próximos días, los miembros no electos de las juntas locales tendrán que ser sustituidos por concejales, aunque el Constitucional salva "expresamente" la validez de todos los acuerdos y resoluciones adoptados ya por los equipos de gobierno en los que existían miembros no electos.
El TC ha zanjado esta cuestión al aceptar parte del recurso de inconstitucionalidad que en 2004 interpuso la Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley de medidas para la modernización del gobierno local, conocida como Ley de Grandes Ciudades.
En su sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que el artículo 140 de la Constitución, sobre la autonomía y democracia municipal, reserva la función de gobierno y administración a los ayuntamientos integrados únicamente por alcaldes y concejales "que deber ser elegidos democráticamente".
La Ley de Bases de Régimen local, en la redacción que les dio la Ley 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, regulaba la organización de los municipios de gran población al establecer un régimen organizativo especial para estos municipios.
Además, regulaba la existencia preceptiva de una serie de órganos municipales como la Comisión de sugerencias y reclamaciones, el Consejo social de la ciudad, distritos, órgano de asistencia jurídica al alcalde y órgano de apoyo a la Junta de gobierno.
