El Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia de liquidación patrimonial del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y de Acción Nacionalista Vasca (ANV), y ha dado un plazo de diez días a ambas formaciones para que presenten sus alegaciones.
La Sala Especial del alto tribunal pide en sus dos escritos el embargo de las cuentas, créditos bancarios y derechos en bienes y participaciones en entidades financieras que tengan ANV y el PCTV.
Proceso garantista
Aunque aseguran que los dos partidos podrían ser disueltos sin escuchar sus peticiones, los magistrados han decidido pedir alegaciones para ser más garantistas. Y recuerdan el caso de Batasuna, formación disuelta sin pedir alegaciones, hecho que fue recriminado por el Tribunal Constitucional.
En esta línea, el Supremo designará a tres liquidadores de entre los seis funcionarios del cuerpo superior de inspectores de finanzas del Estado que proponga la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Además, la Sala del 61 (también se denomina así a la Sala Especial del Supremo por el artículo de la Ley de Bases reformado en 2003 en que se basó el fallo) reclamará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la relación de bienes y derechos intervenidos o embargos a ANV y al PCTV en los procedimientos seguidos por éste. Garzón decretó el pasado febrero la suspensión de actividades por tres años de ANV y del PCTV.
