El Partido Popular ha presentado el texto de su propuesta para regular la interceptación de las comunicaciones desde la garantía legal y, por ello, quiere ''fijar los límites'' de la capacidad del Estado para intervenir en la intimidad de los ciudadanos gracias a una mayor autoridad del juez. El responsable de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, ha explicado en conferencia de prensa el contenido de una iniciativa, una proposición de ley aún no registrada en el Congreso, pero de la que el Gobierno y los grupos políticos tendrán conocimiento este jueves porque el PP les remitirá una copia.
Pons se ha apresurado a recalcar que su propuesta ''no tiene nada que ver con ningún sumario abierto'' en estos momentos ''en ningún tribunal'', sino con las ''lagunas detectadas'' en el ordenamiento jurídico sobre la regulación de las comunicaciones, ahora efectuadas gracias al sistema SITEL.
Ha puntualizado que en su comparecencia de prensa, así como en las explicaciones que tenga que dar sobre el asunto, evitará pronunciar ''un nombre alemán'' --el caso Gürtel--, porque ''no hay relación'', y además, no quiere perjudicar la tramitación de una iniciativa en cuya posible aprobación quiere que estén todos los grupos, el PSOE incluido. Tras el debate de la moción sobre dicha iniciativa, celebrado hace meses en el Congreso, Pons, ha dicho que prefería esperar a que ''las aguas se templaran'' para facilitar las opciones de diálogo y negociación.
Los imputados del Gürtel
Pese a su obstinación por no hablar del caso Gürtel, los periodistas han preguntado a Pons por las situaciones de Luis Bárcenas y Jesús Sepúlveda, ambos imputados en el caso, aunque en diferentes procesos --al primero le investiga el Supremo por ser senador y aforado--.
Sobre el ex tesorero ha recordado que el sumario sobre su presunta vinculación con la trama de Francisco Correa es aún secreto, en tanto que respecto a Sepúlveda, ha incidido en que es empleado del partido y que despedirle ahora podría ser "improcedente", ya que tampoco se sabe dónde acaba su imputación. Asimismo, ha dicho que está ''seguro'' de que la denuncia de Francisco Álvarez-Cascos se unirá a la del PP, ambas contra supuestas irregularidades policiales.
La reforma
Pons, con todo, ha hecho hincapié en la importancia de su propuesta, puesto que con ella ''fija los límites de la capacidad del Estado para intervenir en la vida privada de las personas'' y ''garantiza el ejercicio profesional de policías y guardias civiles''.
Ambos objetivos los consigue el PP en su iniciativa, según Pons, gracias a que el proceso estará vigilado por un juez, desde que se ordena interceptar una llamada hasta que se destruye lo grabado; también se garantizará la autenticidad de dichas grabaciones y que éstas no se filtran; además, se definirán qué tipo de delitos darán pie a la interceptación y, finalmente, se destruirá lo irrelevante. Asimismo, el juez habrá de precisar bien qué datos quiere cuando ordena intervenir una conversación telefónica.
La iniciativa del PP supone, además, crear un órgano de control y ''verificación'' que supervisará ''un juez de carrera'', pero que dependerá del Gobierno, ha explicado Pons.
El dirigente popular ha justificado la presentación de la iniciativa con varias ideas: los avances tecnológicos, la necesidad de amparo legal del trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la defensa de los derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al de defensa y a la libertad de información. Igualmente, tal y como ha subrayado Pons, el ordenamiento jurídico existente sobre el asunto es ''insuficiente''.
