La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano para las campañas electorales y, también, al blanqueo de capitales, según ha podido saber Europa Press.
Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Entre los 24 detenidos están el expresidente popular de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y la exconcejala en la capital María José Alcón.
Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos populares tuvieran conocimiento de estos hechos. En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado popular Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado por unanimidad crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas de posible hechos ilícitos cometidos por miembros del grupo municipal popular investigados en la supuesta trama de corrupción en torno a la empresa Imelsa.
El pleno también ha aprobado, con la abstención del PP, otra moción sobre la apertura de las comisiones informativas previas a los plenos a la sociedad y los medios de comunicación, en cuyo cuerpo se afirma que la regeneración democrática del consistorio ha estado "deteriorada en los últimos años por los escándalos y tramas de corrupción del PP, como ha quedado evidenciado los últimos días".
La portavoz adjunta del PP, María Angel Ramón-Llin, ha asegurado que, aunque "carece de sentido" ahora porque el caso ya ha sido judicializado, la apoyan en "aras a la transparencia y la tranquilidad" del PP.
EL PP DE VALENCIA DEMANDARÁ. Mientras, el Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los "daños y perjuicios" ocasionados a la imagen de la formación.
Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en una rueda de prensa ofrecida 48 horas después de la detención del expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y otras 23 personas por la supuesta trama de corrupción en distintas administraciones de la Comunitat.
