La Mesa del Parlamento de Cataluña acordó este martes por mayoría admitir a trámite una iniciativa popular para convocar una consulta vía referéndum sobre la independencia de Cataluña, presentada el 25 de mayo por la Coordinadora Nacional por la Consulta sobre la Independencia.
La pregunta que presentan los promotores es la siguiente: 'Para que el Parlamento de Cataluña lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado a la Unión Europea?'.
Esta propuesta ha salido adelante con los votos favorables de CiU, ERC e IC-V y la posición contraria de PSC, PPC y el grupo mixto, lo que indica que los partidos que gobiernan en la Generalitat han votado separados.
Trámites
Se trata de la primera propuesta que se admite a trámite desde la aprobación de la ley de consultas populares vía referéndum. Así, la Mesa ha acordado que se publique en el Boletín Oficial del Parlamento.
A partir de este momento, se abrirá un plazo de tres días para que una décima parte de los diputados o dos grupos parlamentarios puedan solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen, que no es vinculante, sobre la adecuación constitucional y estatutaria de la propuesta. Superado este trámite, los promotores deben presentar a la junta electoral el modelo de recogida de firmas, que lo habrá de aprobar, sellar y numerar.
A partir de este momento, los promotores dispondrán de seis meses, prorrogables dos más por causas justificadas, para la recogida de firmas. Para que la propuesta pueda seguir adelante necesitará tener el aval de al menos el 3% de la población de Cataluña y, después, que el pleno del Parlamento lo apruebe por mayoría absoluta. Si fuera así, el presidente de la Generalitat debería enviar la solicitud de autorización al Gobierno central.
Posición de CiU
A última hora de la mañana de este lunes, el portavoz parlamentario de CiU, Oriol Pujol, ha realizado declaraciones en las que quiso expresar la distancia entre la posición de su partido y las de las otras formaciones que han votado a favor de la iniciativa popular.
Así, Pujol ha argumentado que el visto bueno de CiU a que se tramite la propuesta se debe a que el informe previo de los letrados de la cámara catalana no detectaba defectos de forma y no encontraba, por lo tanto, motivos para vetarlo.
Pero para desmentir las acusaciones de radicalización contra CiU, Pujol ha subrayado que la prioridad de su formación ''continúa siendo la crisis económica y defender el Estatut'', de las que no piensa ''distraerse''.
Un ''proceso irreversible''
Por su parte, el presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha expresado su satisfacción por el hecho de que se inicie la tramitación de una iniciativa para convocar un referendo de autodeterminación, y ha subrayado que con este hecho ''empieza un proceso irreversible hacia la celebración de un referéndum oficial''.
Según el líder de ERC, que ha dicho que en rueda de prensa que este martes era un día ''solemne'' y ''trascendental'' para Cataluña, el referéndum de autodeterminación da respuesta a la pregunta que se hacen muchos ciudadanos de cuál tiene que ser la respuesta a la próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut.
''La mejor respuesta es dar la palabra al pueblo sobre el futuro de Cataluña", porque "contra el TC, referéndum, y contra el centralismo, democracia'', recalcó Puigcercós.
Consejo de Garantías Estatutarias
Tras la aprobación de la iniciativa popular, el PSC y el PP de Cataluña han decidido solicitar un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias sobre la posibilidad referéndum de autodeterminación, al interpretar que no se ajusta a la legalidad vigente.
Los letrados del Parlament han elaborado un informe en el que no se detectan defectos de forma en esta propuesta pero los socialistas ya han elaborado una solicitud de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias en la que alegan que la iniciativa ''queda fuera del ámbito de competencias de la Generalitat''.
El PSC admite que en efecto el Parlament tiene ''competencia para impulsar una reforma de la Constitución'', pero entonces ''el tenor de la pregunta debería ser otro, referido a posibles iniciativas de reforma de la Constitución española, para dar cumplimiento a las exigencias legales de claridad no sólo en la pregunta que se formule sino en el objeto y finalidad de la consulta''.
