El juzgado que investiga la gestión de la F1 admite al Consell como acusación

Considera que la compra de la empresa Valmor, organizadora de estas pruebas, pudo suponer "un detrimento injustificado" de la hacienda pública valenciana
El expresidente del Villarreal, Fernando Roig, a su llegada al juzgado
photo_camera El expresidente del Villarreal, Fernando Roig, a su llegada al juzgado

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha admitido la personación de la Generalitat como acusación particular en la causa que investiga posibles irregularidades en la organización de cinco grandes premios de Fórmula Uno de Valencia. En una diligencia fechada el pasado jueves, se da cuenta de esa solicitud y se tiene por personada a la Generalitat en el proceso, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia.

El Consell acordó solicitar esta personación a mediados del pasado mes de diciembre por considerar que la compra, por parte de la Generalitat, de la empresa Valmor (organizadora de estas pruebas automovilísticas) pudo haber supuesto "un detrimento injustificado a los derechos económicos" de la hacienda pública valenciana, según apuntó la consellera de Infraestructuras, María José Salvador.

El origen de esta investigación es una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el expresident del Consell Francisco Camps, la exconsellera Dolores Johnson y el expiloto Jorge Martínez 'Aspar', que constan como imputados. La jueza que instruye esta causa ha iniciado hoy la toma de declaraciones a los testigos propuestos, con la comparecencia del expresidente de Bancaja y de la Generalitat, José Luis Olivas, y del empresario Fernando Roig, socio en Valmor junto a Bancaja y Aspar.

Según el calendario fijado, está previsto que hasta el 22 de febrero declaren en calidad de testigos trece personas, entre ellas ex altos cargos de la Generalitat, asesores y empresarios.

Con la aceptación de esta personación, la Generalitat está presente en seis causas sobre corrupción que afectan a intereses de los valencianos, como el caso Cooperación, Emarsa, los institutos tecnológicos, Valmor y los liberados de la educación concertada, en calidad de acusación particular, y en el caso Nóos, como acusación civil.

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