El juez ha impuesto medidas cautelares al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria por el caso Púnica, tales como comparecencias mensuales en el juzgado, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte tras imputarle prevaricación, cohecho, fraude y malversación.
El juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión en un auto después de que Victoria se haya negado por segunda vez a prestar declaración como imputado en relación con supuestos pagos en negro a una empresa de reputación online, Eico, del considerado "conseguidor" de la trama Púnica, Alejandro de Pedro.
Velasco cree que Victoria dio trato de favor a De Pedro con contratos de reputación online e influencia en redes sociales favorables a políticos que podrían haber sido abonados con dinero público, han informado fuentes jurídicas.
Se le acusa además de dar contratos de publicidad de forma amañada a empresas de De Pedro y se le relaciona con pagos supuestamente ilícitos con dinero en efectivo hechos por empresas como Indra o empresarios -se sospecha de al menos tres pagos por un total de 120.000 euros.
A cambio, Victoria habría procurado a Indra y a esos empresarios contratación en la Comunidad de Madrid por trabajos de interés político como encuestas.
El exconsejero, acompañado de su abogado, llegó a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim cinco minutos antes de las diez de la mañana a bordo de un taxi, mismo medio de transporte que utilizó para abandonar el tribunal evitando hacer declaraciones a los periodistas.
En una comparecencia el pasado enero, Victoria negó "rotundamente" haber ordenado al ex consejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, también imputado en esta causa, un pago de 10.000 euros a De Pedro por contratos de reputación "online".
Nicolás dijo en su día al juez que pidió dinero a la empresa Indra para pagar esos 10.000 euros a De Pedro, un pago que podría corresponderse con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico.
El exconsejero negó que esos trabajos para el partido se financiaran con dinero público y explicó que las empresas de De Pedro -Madiba y Eico- lo que hicieron en base a ese contrato público fue un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en internet sobre la Comunidad de Madrid, que por "tensiones de tesorería" dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.
Victoria ya había sido citado el pasado 25 de junio, pero entonces evitó ser interrogado al alegar nulidad procesal en su citación porque cuando Velasco le llamó a declarar, su juzgado no era competente para ello, ya que aún ostentaba la condición de aforado como consejero y diputado autonómico.
Quien sí compareció ese día, pese a haber podido esgrimir la misma alegación, fue la exconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, quien a lo largo de casi dos horas de declaración sostuvo que todos los contratos que suscribió con una empresa de De Pedro fueron "legales, fiscalizados e intervenidos sin tacha de ilegalidad".
En esta ronda de comparecencias, también declaró como imputado el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno, al que Velasco impuso una fianza de 100.000 euros para evitar su ingreso en prisión y que tiene hasta el próximo jueves de plazo para pagarla.
Estas citaciones se enmarcan dentro de las investigaciones -cuyo secreto podría levantar el juez esta semana- sobre la supuesta trama de corrupción municipal y regional desarticulada en la operación Púnica el pasado octubre consistente, fundamentalmente, en el cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.
Del medio centenar de detenidos en esa operación permanecen en prisión preventiva los considerados cabecillas de la red -el exconsejero madrileño del PP Francisco Granados y su socio, el empresario David Marjaliza- y la secretaria y "mano derecha" de este último, Ana María Ramírez.
