El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá. El magistrado Víctor Gómez, que instruye el caso Taula, alude a las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de la exregidora con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, pare pedir que se le dé el mismo trato que al resto de los 47 personas imputadas en la causa. Y es que considera que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. El magistrado considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo, que es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora.
El instructor incide en la relación entre Barberá y la responsable de finanzas imputada, María del Carmen García-Fuster
El juez explica que ni las dos investigadas (imputadas) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos. Sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP, e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Según explica el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada. Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.
El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Así, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.
Otra magistrada solicita al alto tribunal que investigue también a la exalcaldesa por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo. Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
Respecto al exconcejal y actual diputado autonómico Miquel Domínguez, quien también habría efectuado la aportación de mil euros, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y, al igual que Barberá, rehusó la invitación para declarar voluntariamente, pero ha presentado un escrito de alegaciones.
MEMORIA HISTÓRICA. La misma decisión la ha tomado también otra jueza de Valencia, que ha enviado al Tribunal Supremo la causa contra la senadora Rita Barberá por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa de Valencia. La magistrada se declara no competente para admitir la denuncia presentada contra la exalcadesa por un posible delito de desobediencia a la ley de memoria histórica, al existir en la ciudad escudos anticonstitucionales y monumentos a los caídos en la Guerra Civil.
El origen de la causa es una denuncia presentada hace un año por José Luis Ábalos, diputado socialista en el Congreso por Valencia, Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, y el abogado madrileño Eduardo Ranz Alonso contra Barberá por la posible comisión de un delito de desobediencia. La denuncia se refería a la existencia en la ciudad de Valencia de monumento a los caídos, escudos anticonstitucionales, placas con signos anticonstitucionales y cuadros de honores de Valencia con exponentes del franquismo, que para los denunciantes constituían un manifiesto incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica.
