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El grupo liderado por el padre Román, acusado de abusos, no es "sectario"

Sacerdotes pidiendo perdón por los abusos
Sacerdotes pidiendo perdón por los abusos
El sacerdote es, de momento, el único imputado en la causa por abusos sexuales a menores

La Audiencia de Granada ha determinado de manera firme que el grupo de sacerdotes y laicos encabezado por el padre Román, actualmente único imputado en la causa que investiga el juzgado de instrucción 4 por presuntos abusos sexuales a menores, no supone una "asociación de carácter sectario" o de tipo ilícito. Así se recoge en un auto, al que este martes ha tenido acceso Efe, en el que la Sección Primera de este tribunal provincial desestima el recurso de apelación presentado por la asociación Redune (Red de Prevención del Sectarismo y Abuso de la Debilidad) después de que fuera rechazada su personación en el caso como acusación popular.

Ese colectivo entendía como posibles delitos cometidos los de incitación al odio por motivos religiosos, asociación ilícita en su modalidad de abuso de debilidad, grupo coercitivo o secta, profanación u ofensa a los sentimientos religiosos, contra la libertad e indemnidad sexuales en su forma de agresión sexual, abusos sexuales y exhibicionismo. Para justificar su rechazo a que Redune sea acusación popular la Audiencia señala que algunos de esos delitos "no entran dentro del interés de la asociación" de acuerdo con sus estatutos.

Respecto a la supuesta asociación ilícita, considera que no existe "base fáctica suficiente" en la que apoyar la existencia de dicho tipo delictivo, que requiere una serie de elementos según la jurisprudencia. Según la Audiencia, en este caso se aprecia un grupo de sacerdotes católicos y algunos laicos que deciden reunirse, fundamentalmente los fines de semana, en diferentes casas parroquiales o propiedades para llevar a cabo "actividades de convivencia y descanso".

Entre esos sacerdotes, añade, se encontraba el padre Román, quien para el tribunal "parece ser guía de los demás o al menos la persona con más peso en el grupo". En ese sentido, observa un "grupo cohesionado" en torno a ese sacerdote, que parece tener "cierto ascendente" sobre los demás y en el que se crean "vínculos afectivos o incluso si se quiere de cierta dependencia, pero sin observarse circunstancias que, ni aisladas ni conjuntamente, permitan calificar a dicho grupo como asociación".

El auto recoge que tampoco se desprende de las actuaciones aportadas la existencia de conductas que respondan a "técnicas de adoctrinamiento" dirigidas a quebrantar la personalidad de sus miembros y capacidad de discernimiento. "No se observa el empleo de medios violentos o de alteración o control de la personalidad para la consecución de los fines (sexuales) del grupo", indica la Audiencia, sin perjuicio de la "persuasión o presión ejercida" por parte del padre Román respecto al primer denunciante de los supuestos abusos "apelando a sentimientos de culpa de este o creándole cierto temor".

"Más allá de que en algún momento (ese joven) pudiera sentirse presionado o tener miedo porque le pudieran echar de la comunidad (...) en un intento de afear su conducta negativa ante los requerimientos sexuales que se le efectuaban, no se atisba el empleo de los medios violentos o de alteración de la personalidad", advierte la Audiencia, que no entra en posibles "menoscabos psíquicos".

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 4 ha accedido a devolver a los imputados iniciales en la causa los aparatos electrónicos y otros objetos intervenidos que no sean necesarios en la instrucción de la causa, recoge una resolución a la que también ha tenido acceso Efe. El juez instructor decidió además recientemente transformar el procedimiento de diligencias previas en el que se investigan los presuntos abusos sexuales en un sumario ordinario, lo que acerca el final de la instrucción judicial del conocido como "caso Romanones".

La instrucción arrancó después de que un joven que ahora tiene 25 años pusiera los hechos, ocurridos supuestamente cuando contaba entre 14 y 17, en conocimiento de la Fiscalía andaluza tras recibir antes la llamada del papa Francisco, que le pidió perdón en nombre de la Iglesia al leer el escrito que le había enviado.

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