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El Gobierno de Sánchez estudia endurecer la ley para casos como el de La Manada

Isabel Celaá. BALLESTEROS
Isabel Celaá. BALLESTEROS

Sopesa personarse en procedimientos similares ► Partidos y sindicatos, "indignados" con la decisión de la Audiencia de Navarra

El Gobierno está estudiando si personarse como parte en defensa de las víctimas de delitos contra la libertad sexual, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros,.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha matizado después que el Ejecutivo no puede personarse en el caso de La Manada, al tratarse de un procedimiento judicial "con sus normas y sus reglas", aunque ha adelantado que se hará un estudio "sereno" del Código Penal para analizar cómo dar respuesta ante delitos contra la libertad sexual. 

Delgado ha respondido así después de que la portavoz del Ejecutivo haya anunciado que el Gobierno estudia personarse como parte en defensa de las víctimas de estos delitos y haya dicho que la libertad provisional "es siempre peligrosa". 

En declaraciones a los medios antes de participar en unas jornadas de la Unión Internacional del Notariado, la responsable de Justicia ha aclarado que, en lo que respecta al caso contra los cinco miembros de La Manada condenados a nueve años de cárcel por delito de abuso sexual, cada parte –Fiscalía, acusación particular y popular y defensas– tiene atribuida su función propia. "Estos son los actores que hay y no puede haber otros", ha apuntado. 

Ahora bien, Delgado se ha comprometido a llevar a cabo "un estudio sereno" del Código Penal "para analizar la situación, ver qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y cómo se puede hacer para dar una respuesta a la sociedad, porque la reclama", ha dicho. 

Partidos y sindicatos, "indignados" por la libertad de La Manada
Desde el PSOE, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha defendido que "todos los operadores jurídicos necesitan formación en violencia de género y violencia sexual" y ha considerado que es una "mala noticia política y jurídica".

Las reacciones del PP han venido de parte de las dos candidatas a la presidencia del partido. Así, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha dicho que "como mujer" se siente "profundamente decepcionada y muy frustrada" y ha considerado que es el momento de abordar la reforma del Código Penal.

La otra candidata, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido de que no se puede dar el mensaje de que un delito "tan grave" como el que han cometido los delincuentes de La Manada "sale barato". De "mala noticia" ha calificado la resolución el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que queda de manifiesto que "el Derecho no funciona".

También responsables políticos autonómicos han reaccionada a la puesta en libertad de los miembros de La Manada como el lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha abogado por la reforma del Código Penal para que este tipo de agresiones sean interpretadas como violación y no como abuso.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que "mentiría" si dijera que no está "sorprendido", aunque ha incidido en la independencia del poder Judicial y en el acatamiento de las sentencias.

Por su lado, portavoces de asociaciones profesionales de jueces y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías han pedido respeto para los jueces que han decretado la libertad de los integrantes de La Manada en un auto ajustado a la legalidad y "razonado" y han subrayado el nivel de formación de los jueces en perspectiva de género.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha opinado que "no hay ninguna explicación jurídica" para la decisión sobre La Manada. A juicio de CC.OO., solo puede entenderse "como un claro desafío al sentido común de la democracia", a la vez que ha alertado de que "asistimos a una nueva vuelta de tuerca que golpea con más fuerza que nunca la dignidad de las mujeres".

Un petición abierta en Change.org para que los cinco miembros de La Manada sigan en prisión preventiva mientras el Tribunal Supremo resuelve recurso ha logrado casi 600.000 de firmas en menos de 24 horas.

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