El Gobierno expondrá hoy a las comunidades autónomas su reforma fiscal en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que se estudiará el cumplimiento del déficit en 2014 y el objetivo para 2015-2017, sin que haya lugar a ninguna flexibilización de los límites marcados.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, avanzó ayer que no se modificarán los objetivos marcados para este año (1 %), para el próximo (0,7 %) y para 2016 (0,2 %) y advirtió a las comunidades que piden más margen de que no les conviene tenerlo.
La reunión del Gobierno se celebra después de que se hayan conocido los datos de déficit a cierre del mes de abril, que son peores que los del año pasado para casi todas las comunidades autónomas, alguna de las cuales, como Extremadura, ya ha superado el 1 % tolerado para el ejercicio.
Las comunidades autónomas también conocerán una reforma fiscal ante la que la mayoría se han mostrado cautelosas por la posible merma que supondrá para sus cuentas la reducción del IRPF.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que, si la reforma aprobada por el Gobierno no beneficia a todos los madrileños, él acometerá otra para compensarles. Otros gobiernos, como el andaluz, el asturiano, el valenciano o el aragonés han pedido que la reforma tributaria no les perjudique en sus ingresos.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha ido más allá y ha reclamado al Estado que transfiera toda la fiscalidad a Cataluña para que el Govern tenga margen de maniobra para poder bajar impuestos.
Aunque la financiación autonómica, el caballo de batalla que las comunidades atisban en el horizonte cercano, no figura en el orden del día, sí se debatirán las entregas a cuenta del año que viene y las liquidaciones de ejercicios vencidos.
Y la Junta de Andalucía ya ha anunciado su intención de propiciar el debate sobre el sistema de financiación en el turno de ruegos y preguntas.
Comunidades como Madrid, Baleares o la Comunidad Valenciana quieren un cambio del sistema cuanto antes, mientras otras como Extremadura prefieren esperar tiempos mejores, pues ahora no hay recursos para atender las demandas de las autonomías.
