El Gobierno estudiará el ''encaje legal'' de la propuesta andaluza

Andalucía ha metido el dedo en la llaga y el turbio estanque de los desahucios se remueve con fuerza. El nuevo plan contra los desahucios trazado por el Gobierno socialista de José Antonio Griñán prevé sancionar a los bancos que no alquilen las propiedades vacías que se hallen en su haber. Incluso plantea la expropiación temporal en  algunos casos concretos y deja entrever una salida que no protagoniza -ni parece compartir- el Gobierno central.

El debate sobre los pros y los contras a este controvertido paso estaba asegurado y, hoy, defensores y detractores cumplieron con un extenso cruce de reproches. Fue el Ejecutivo el que se apresuró a aclarar, en boca del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que
estudará el ''encaje legal'' y los ''hipotéticos efectos'' de la propuesta.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha considerado hoy que la política del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de desahucios es "el inmovilismo" y ha señalado que, frente a su "inacción", la Junta de Andalucía "ha dado un paso al frente" con su plan para frenar los desalojos.

En este mismo sentido, el secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, también apuntaba a que esta medida demuestra que pueden hacerse ''muchas más cosas'' que las que está haciendo el Ejecutivo para paliar el problema de las ejecuciones hipotecarias.

Valenciano usó su cuenta en Facebook para valorar las medidas antidesahucios del Gobierno de José Antonio Griñán y que haya tomado la iniciativa para garantizar a las familias el derecho a mantener su vivienda. "La derecha -ha agregado- ha puesto el grito en el cielo" por ese plan, pero "basta con preguntarse a quién defienden para ver lo que hay detrás de sus grises palabras".

Para Valenciano, éste es tiempo de subrayar que "ni la libertad, ni la democracia en España se defienden permitiendo que se expulse de sus casas a los españoles golpeados por la crisis". "Éste es el tiempo de la política justa, decente y valiente. Y también la hora de decir hasta lo que es evidente, que si aquí no hay izquierda, que baje Dios y lo vea", ha concluido.


La de Andalucía ha sido una medida criticada y aplaudida a partes iguales. De las más duras palabras, el propio Griñán se defiende alegando que sus postulados son ''plenamente constitucionales'' y que, además, vendrán secundados por nuevas medidas en la línea de ésta misma y que sirvan de línea conductora para tratar de arreglar lo que ya todos los grupos políticos coinciden en calificar de drama social y que afecta a la Comunidad sureña de una forma muy notable.

Ante sus palabras, el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, arremetió contra lo que considera tintes de hipocresía en el seno socialista recordando que ellos apoyaron el desahucio exprés, entre otras medidas que facilitaron la tramitación de las ejecuciones hipotecarias.

Del otro lado, y en acérrima defensa de la medida presentada por el Gobierno de Andalucía, el de Canarias asegura que valora seguir el ''interesante paso'' dado por  sus homólogos. Aunque de nuevo entre las CC AA las opiniones fueron dispares y algunas otras, como Galicia o Navarra, salieron en defensa de sus propias medidas antidesahucios.

En el caso gallego, el vicepresidente Alfonso Rueda quiso recordar esta mañana que su Comunidad es fue ''pionera'' en cuanto a medidas de ''asistencia'' a desahuciados. En el de Navarra, fue el portavoz del Gobierno, Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien destacó hoy la ''eficacia'' de las medidas adoptadas en esta dirección.

Justamente, son las competencias y las medidas a título individual que adoptan las CC AA en materia de desahucios lo que empieza a inquietar en Moncloa.

Esta mañana, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, consideró que la respuesta al problema debe ser común para todos los españoles, "al margen de la comunidad en la que vivan", y por tanto es obligación del Gobierno central estudiar ''el encaje legal'' de la propuesta andaluza y sus 'hipotéticos efectos''. "No creemos que éste deba ser un problema cuya solución pueda ser sectorializada en sus respuestas por carácter territorial desde solamente las comunidades que quieran abordarlo", ha dicho Ruiz-Gallardón en los pasillos del Congreso, al tiempo que recordó que un problema de todos los españoles debe tener una solución para todos los españoles.

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