El Gobierno busca la inhabilitación de la alcaldesa de Hernani

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha emprendido acciones legales para que la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa), Ángeles Beitialarrangoitia, de ANV, pierda su condición de concejal tras haber sido condenada a mediados de año por enaltecimiento del terrorismo cometido en un acto electoral el 12 de enero del 2008, en el que ensalzó a los etarras que atentaron contra la T4 de Barajas.

La representación legal del Estado ha dado este paso después de que el Ayuntamiento de Hernani no haya atendido el requerimiento que se le hizo el 8 de octubre para que inhabilitara a Beitialarrangoitia. Los concejales de esta localidad tenían dos meses para desposeer a la alcaldesa de su acta de edil.

Tras no tomarse ninguna decisión al respecto, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de San Sebastián. En este escrito se pide actuar ante el "incumplimiento" del Consistorio de Hernani de la obligación de inhabilitar como concejal a la alcaldesa condenada.

Este incumplimiento se refiere a la obligación del Ayuntamiento de Hernani de dejar sin acta de concejal a una representante, como es en este caso la alcaldesa, que ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo.

Este aspecto le fue recordado por escrito al Consistorio de Hernani el pasado 8 de octubre, algo que llevó a cabo el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces. Este cargo público instó al relevo de la alcaldesa, debido a que la condena le impide seguir en su puesto. Sin embargo, este requerimiento no ha sido atendido ni por Beitialarrangoitia ni por ANV, que en los dos meses pasados no han dado ningún paso para inhabilitar a la alcaldesa.

Por este motivo, la Abogacía del Estado pide a los juzgados de San Sebastián que procedar a "declarar la incompatibilidad de María de los Ángeles Beitialarrangoitia con su condición de concejal del Ayuntamiento de Hernani". Este recurso va acompañado de una autorización del delegado del Gobierno a la Abogacía del Estado para que emprensa esta acción legal contra la alcaldesa de ANV, partido que fue ilegalizado por el Tribunal Supremo.

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