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El Gobierno quiere 'apuntar' los antecedentes judiciales

El Gobierno ha aprobado la creación de un nuevo registro común en el que se incluirán todas las medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes y al que tendrán acceso al que todos los jueces y policías para tener un mayor control de la situación judicial de los delincuentes.

Según ha afirmado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros, la medida supone un "avance en la modernización de la administración de Justicia que hace posible que todos los agentes implicados puedan compartir la misma información y actúen con mayor celeridad".

Además, ha destacado su aportación a la hora de "rebajar el nivel de riesgo" ya que el sistema, sometido a la ley de protección de datos, "está dotado de determinadas alarmas, sobre todo en delitos con un alto grado de reincidencia como los sexuales".

El objetivo del Gobierno es evitar que se repitan situaciones como el caso Mari Luz, asesinada supuestamente por Santiago del Valle, que se encontraba en libertad pese a que sobre él pesaba una orden de ingreso en prisión que no fue ejecutada por el juez Rafael Tirado.

Huelga de la Justicia el 18-F
Horas antes de que el gobierno aprobara esta medida, las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente han registrado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el preaviso de la convocatoria de la huelga de jueces para el 18 de febrero.

El portavoz de la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, ha cargado contra las críticas recibidas desde del Ministerio de Justicia. "Lo que estamos haciendo es un acto de responsabilidad; si queremos hablar de irresponsabilidades habrá que aplicárselas también al propio Ministerio de Justicia".

De la Vega ha evitado polemizar sobre esta decisión: "Nuestro posicionamiento es simple: toda la disposición al diálogo. Todo lo que hacemos es para mejorar el servicio de la justicia. Tiene que mejorar mucho porque es un servicio muy importante. Es una administración al servicio de los ciudadanos. Y el diálogo tendrá que ser con responsabilidad".

El Gobierno quiere 'apuntar' los antecedentes judiciales
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