La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de más de 7 millones de euros para Justo Mañas, exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, que se ha acogido a su derecho a no declarar sobre los ERE fraudulentos.
La juez instructora, Mercedes Alaya, ha imputado a Mañas presuntos delitos de malversación, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos porque en su época como viceconsejero (2010-2012) se siguió utilizando el mismo sistema para pagar las ayudas sociolaborales investigadas.
Mañas "no hizo nada para evitar los pagos ni la refinanciación de las pólizas", según los hechos que Alaya ha imputado a Mañas, aunque el defensor del ex alto cargo ha argumentado que toda su intervención estuvo respaldada por el Gabinete Jurídico de la Junta, han informado abogados personados en la causa.
La Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias han pedido para Mañas una fianza de responsabilidad civil de 7.282.653 euros, así como la prohibición de salir de España, el depósito de su pasaporte y la comparecencia cada 15 días en el juzgado.
La Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, no ha solicitado ninguna medida pues no la considera necesaria, han informado los citados abogados.
Sin embargo, la Junta sí que ha pedido una fianza civil de 154.000 euros para cada uno de los otros dos imputados que han comparecido hoy: dos cuñados del "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas, superando en este caso la petición de la Fiscalía, quien ha situado dicha fianza civil en 91.821 euros.
Estos dos imputados, "intrusos" en el ERE de la empresa Dhul, son Carmelo Cruz y su esposa María Ángeles Sierra, esta última hermana de Patrocino Sierra, esposa de Lanzas e "intrusa" en el ERE de Hitemasa.
Según anteriores autos de la juez Alaya, Lanzas pudo obtener casi 600.000 euros al incluirse a sí mismo y a su esposa en el ERE de Hitemasa y a sus cuñados Ángeles Sierra y Carmelo Cruz en el de Dhul, afirma el auto.
Lanzas tiene un tercer cuñado imputado en la causa, Ismael Sierra, encarcelado en marzo pasado como titular de las empresas presuntamente utilizadas para blanquear el dinero de las sobrecomisiones que cobraban a la Junta.
