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El exalcalde de Toledo al juez Ruz: ''No he cobrado una comisión en mi vida''

El exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP) ha asegurado, tras declarar ante el juez Pablo Ruz, que nunca en su vida ha cobrado comisión alguna ni tampoco ha adoptado "ningún acuerdo ilegal", en referencia a la supuesta concesión irregular a una filial de Sacyr de un contrato de basuras en 2007.

Molina ha declarado hoy como imputado ante el juez del caso Bárcenas, que también ha interrogado, esta vez como testigos, a su sucesor al frente de la alcaldía, Emiliano García Page (PSOE), al diputado popular Sebastián González Vázquez y al ex viceinterventor municipal del consistorio Francisco Javier Sánchez Rubio.

Todos ellos han sido preguntados por la concesión a la empresa Sufi de un contrato de recogida de basuras que, según el extesorero del PP Luis Bárcenas, respondió a una comisión de Sacyr de 200.000 euros para la campaña electoral de María Dolores de Cospedal.

Ese contrato lo adjudicó el gobierno del PP en diciembre de 2006 por 6,1 millones durante siete años y en mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones, le añadió un protocolo supuestamente irregular por 11,3 millones más para un total de catorce años, con el objetivo de hacer frente a una subida de sueldo que demandaban los trabajadores y que no previó la empresa.

En declaraciones a los periodistas después de comparecer durante una hora y cuarto, Molina ha mostrado su "satisfacción" porque ha podido defenderse "de una serie de injurias" de las que no ha podido hablar antes, ya que, según ha dicho, actualmente reside en la República Democrática del Congo, donde trabaja como canciller en la Embajada española.

"He dejado clara mi inocencia", ha asegurado el exalcalde, quien ha dicho haber aportado pruebas de ello. "Mi mayor patrimonio es mi honor personal y tomaré las acciones oportunas", ha agregado acto seguido.

El alcalde actual, del PSOE, ha afirmado a los periodistas que no teme ser imputado en este asunto: "Me parece que le alegraría seguramente a Cospedal pero lo cierto y verdad es que ni soy primo hermano de Bárcenas, ni le conozco, ni me he llevado un duro en mi vida. Yo estoy para ayudar al señor juez a encontrar dónde están los 200.000 euros".

A su gobierno le tocó, ha dicho, "asumir el marrón" de ese aumento de la adjudicación en 11,3 millones, un acuerdo por el que se vio vinculado en virtud a un protocolo que tenía "muchas desavenencias técnicas".

Ha explicado que durante la etapa de Molina como alcalde se adjudicó otro contrato a Sufi sobre mantenimiento de viales dos meses antes de las elecciones por 1,4 millones, un acuerdo "hecho en baja temeraria".

Sobre si efectivamente se pagaron los 200.000 euros como comisión, ha afirmado que lo único que ha reconocido Bárcenas al juez es que se dio ese dinero para la campaña de Cospedal y esta última "reconoció que había 200.000 euros de Génova a la campaña del PP que ahora no aparecen por ningún lado".

"Tienen que explicar que dónde están esos 200.000 euros", ha añadido, lo que a su juicio necesita de "una explicación contundente" por parte del PP.

El senador Sebastián González, responsable de Organización nacional del PP, ha negado por su parte al juez que actuara como intermediario y le dijera a Bárcenas que Cospedal tenía interés de "plantear un tema relacionado con el señor Molina y algo relacionado con Toledo", tal y como declaró el extesorero a Ruz.

Hoy también ha declarado el exviceinterventor del ayuntamiento Francisco Javier Sánchez Rubio, quien emitió un informe en 2008 afirmando que el protocolo por el que el PP concedió los 11,3 millones más a la concesionaria era nulo porque la empresa debía haber tenido previstas las revisiones salariales.

A su salida hoy de su comparecencia como testigo, ha explicado a los periodistas que el expediente debía haber contado con un informe de fiscalización, cosa que no se hizo, ya que hasta 2008 no se le encargó un análisis, aunque no ya sobre el contrato de adjudicación, sino sobre la modificación posterior.

Las comparecencias del caso Bárcenas siguen mañana, cuando deberán comparecer como testigos cinco empleados de Sufi, que en su día fueron interrogados por la UDEF para elaborar el informe sobre esta adjudicación.

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