El considerado conseguidor de contratos para la trama Púnica, Alejandro de Pedro, se ha negado a declarar este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco alegando que no se encuentra en condiciones psicológicas de hacerlo. De Pedro, imputado por delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsedad y fraude fiscal, estaba emplazado por la mañana pero finalmente ha declarado por la tarde junto con el alcalde en funciones de Sevilla la Nueva (Madrid) y exdiputado de la Asamblea de Madrid, Mario de Utrilla.
Esta ha sido la segunda vez -ya declaró en octubre tras su arresto- que De Pedro ha comparecido ante el juez, aunque este jueves no ha respondido a sus preguntas y ha aportado unos certificados médicos para avalar que no está en condiciones psicológicas adecuadas para ello, han informado fuentes jurídicas. En vista de que se negaba a declarar, las fiscales han pedido la retirada del pasaporte, una medida que ha adoptado el juez.
Velasco le había citado para aclarar ciertos extremos hallados en la instrucción que no cuadran a los investigadores y relacionados con una empresa de su propiedad. En concreto, los investigadores sospechan que, en vista del tipo de empresa de que se trata y del número de personas que trabajan en ella, no se justificaron debidamente contratos que hizo con administraciones públicas de León, Madrid y Murcia y con determinadas empresas.
En cuanto a Utrilla (PP), a quien el juez le ha impuesto la obligación de comparecer mensualmente, se le ha emplazado en relación a un contrato que adjudicó el Ayuntamiento de Móstoles, de donde su hermano Alejandro Utrilla era concejal de Medio Ambiente hasta que el alcalde le destituyó por su imputación. Ese contrato se otorgó por concurso a la empresa Cofely, vinculada a la Púnica, por 72 millones de euros, y el juez investiga si el hermano tuvo algo que ver en un supuesto trato de favor a Cofely a cambio de comisiones, un extremo que el imputado ha negado.
Por la mañana han declarado otros dos imputados en el caso y que fueron detenidos este miércoles: el alcalde en funciones de Moraleja de Enmedio (Madrid), Carlos Estrada (PP), y su pareja, la técnico municipal Teresa Martín. Estrada y Martín, trasladados a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil, han quedado en libertad sin fianza tras responder a las preguntas del juez y de las fiscales de este caso, que está bajo secreto de sumario. Se les imputan delitos de fraude, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, por contratos supuestamente irregulares que adjudicó su ayuntamiento a la empresa Cofely, filial de la compañía energética francesa GDF Suez y vinculada a la trama corrupta que supuestamente lideraban el exconsejero madrileño Francisco Granados y su socio David Marjaliza.
La Fiscalía ha pedido una fianza de 50.000 euros para ambos, pero finalmente el juez ha decretado tan solo la medida cautelar de comparecencias mensuales en el juzgado. Su detención se produjo este miércoles dentro de las diligencias ordenadas por el juez Velasco en esta segunda parte de la operación Púnica. El magistrado había dispuesto su arresto el martes, pero ambos se encontraban ese día en París y no pudieron ser detenidos. El juez les ha citado dentro de una ronda de declaraciones a imputados en la trama Púnica, que seguirá el próximo jueves con las comparecencias de Marjaliza y José Miguel Moreno, exdiputado madrileño y exalcalde de Valdemoro.
El conseguidor de la Púnica se niega a declarar ante el juez Eloy Velasco
Alejandro de Pedro alega que no se encuentra en condiciones psicológicas de hacerlo
