La policía ha detectado en La Rioja once empresas ficticias, creadas por extranjeros que simularon altas en la Seguridad Social y relaciones laborales falsas a 484 personas, y ha detenido a 70 personas, de entre 136 imputados, en un fraude que asciende a 800.000 euros.
Los datos de esta operación, denominada "Brillo II" y llevada a cabo por la Jefatura Superior de Policía de La Rioja en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo, los ha facilitado hoy, en una rueda informativa, el delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón.
"Brillo II" es continuación de "Brillo I", por la que en 2012 se detuvieron a 34 personas y se desarticularon tres empresas ficticias, que dieron de alta fraudulentamente en la Seguridad Social a unos 500 ciudadanos, lo que ocasionó un fraude de 400.000 euros, según ha detallado.
De acuerdo con la investigación, un grupo de doce personas, entre ellas paquistaníes, rumanos y un portugués, figuraban como empresarios o gerentes de empresas constituidas al amparo de sociedades civiles.
Una vez presentada la constitución de las sociedades en la Consejería de Hacienda de La Rioja, se dirigían a la Delegación de Economía y Hacienda Estatal para obtener un CIF, con el que ya podían proceder a dar altas de trabajo en la Seguridad Social.
Otro grupo de personas, denominadas "facilitadores", en su mayoría ciudadanos paquistaníes, se dedicaban a captar "clientes" entre extranjeros, a los que les ofrecían contratos de trabajo, nóminas y certificados de "supuestos" trabajos realizados en las empresas ficticias a cambio de dinero, que oscilaba entre 150 y 3.000 euros.
El ámbito de actividad de las once empresas ficticias se centra, sobre todo, en los sectores de limpieza, jardinería y obras y reformas, según Bretón.
La mayoría de las personas imputadas y detenidas son de nacionalidad pakistaní y marroquí, aunque también hay otras procedentes de Argelia, Argentina, Camerún, Ghana, Rumanía, Senegal.
Las empresas ficticias dieron de alta, fraudulentamente, a unas 484 personas, la mayoría de ellas extranjeros, que han generado una deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de unos 800.000 euros.
La investigación ha detectado que 71 personas pidieron al Servicio Público de Empleo prestaciones por desempleo en base a contratos ficticios y 65 acudieron a la Oficina de Extranjería para obtener permisos de residencia o de reagrupación familiar.
