La Guardia Civil de Ávila ha detenido a dos personas e investiga a otras ocho, como supuestas autoras de la venta ilegal en más de una decena de provincias de España de más de 260.000 mascarillas no homologadas procedentes de China, por las que habrían obtenido unas ganancias superiores a los 300.000 euros.
A los detenidos e investigados en el marco de la operación Coronafarma se les acusa de ser responsables de varios delitos contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsificación de documento público, según ha informado este sábado la Guardia Civil.
Las mascarillas eran adquiridas a través de proveedores chinos y posteriormente se vendían en ayuntamientos, farmacias y empresas de Ávila, Salamanca, Guadalajara, Girona, Santander, Tenerife, Talavera de la Reina (Toledo), Córdoba, Madrid, Barcelona, Sevilla, Cáceres y Toledo, entre otras.
La operación se inició en abril, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que una persona se estaba dedicando a la venta de mascarillas sin homologar en los ayuntamientos de Candeleda, Poyales del Hoyo y Arenas de San Pedro, localidades del suroeste de la provincia de Ávila.
Esos consistorios habían adquirido más de 4.000 mascarillas, y se había hecho entrega de las mismas a la Guardia Civil, junto con las facturas de compra expedidas por dos centros médicos privados: uno de Icod de los Vinos (Tenerife) y otro en Ciempozuelos (Madrid).
Como consecuencia de estos hechos, la persona que vendió esas mascarillas a los tres ayuntamientos fue detenida en el municipio abulense de Candeleda.
Se les investiga por delitos contra la salud pública, estafa, contra la propiedad industrial, asociación ilícita y blanqueo
En una segunda fase de la operación, los agentes inspeccionaron esos centros médicos, siendo incautado diverso material informático y documentación relacionada con las ventas fraudulentas.
Además, se descubrió una oficina ubicada en Alcobendas (Madrid), alquilada por el detenido para utilizarla como almacén, así como para tramitar los pedidos de las mascarillas telefónicamente, recibir la mercancía y organizar los pedidos para darles salida.
Durante su inspección se aprehendieron unas 7.000 mascarillas y 50 monos de protección sin homologar, además de documentación, procediéndose a la investigación de los titulares de los centros médicos, para averiguar su grado de participación en los hechos delictivos, ya que figuraban en las facturas ya emitidas.
Una vez realizado un exhaustivo análisis de la documentación facturada y del material informático, se pudo determinar que había otras seis personas implicadas, que se encargaban de realizar las labores de "facturación, compra, recepción, almacenaje, distribución logística, transporte y entrega de la mercancía".
La operación Coronafarma concluyó con la última detención en Arenas de San Pedro de otra persona, socia y amiga del primer detenido, "encargada de organizar toda trama empresarial para realizar el proceso de la compra y venta de las mascarillas.
