De la Mata rechaza que el caso Bárcenas salga de la AN

Rechaza la petición de los encausados Gonzalo Urquijo y Belén García, a la que se adhirió el PP, de que el sumario de la causa se envíe a los juzgados de plaza de Castilla

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado que el caso Bárcenas sobre la caja B del PP se pase a los juzgados de Instrucción de Madrid, tal y como reclamaron dos de los acusados en la causa, los arquitectos que reformaron la sede del partido en la calle de Génova.

En un auto, el juez rechaza la petición de los encausados Gonzalo Urquijo y Belén García, a la que se adhirió el PP, de que el sumario de la causa (en la que ya se ha abierto juicio oral) se envíe a los juzgados de Instrucción de plaza de Castilla de Madrid para que luego se juzgue en la Audiencia Provincial de Madrid, alegando que la competencia sería de estos tribunales.

Sin embargo, el juez defiende que a lo largo de toda la instrucción de esta pieza separada del caso Gürtel ninguna de las partes ha cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional, y considera que haberse atribuido el caso a este tribunal no ha sido una decisión "arbitraria ni irrazonable".

De la Mata asegura que la Audiencia sí es competente porque existe conexión entre la contabilidad paralela del PP y el caso Gürtel, que se investiga desde 2009 en la Audiencia Nacional y del que salió el caso Bárcenas como pieza separada.

Indica que el objeto de ambas causas "es el mismo", es decir, relaciones entre empresarios y cargos del PP para conseguir adjudicaciones públicas irregulares a favor de esas sociedades mediante varias vías.

Detalla que fruto de las "relaciones personales de confianza" que mantenían los empresarios con los "responsables políticos nacionales y regionales del partido" se llevaron a cabo ilegalidades como simulación de contratos, donación de fondos para conseguir contratos o falsificación de los mismos a cambio de "un flujo de comisiones ilegales para distintos cargos públicos y una prestación de servicios y/o recursos económicos al PP".

Algunas de estas comisiones, añade, "quedaron parcialmente ocultas al circuito económico legal, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas".

Con ese dinero se pagó precisamente, señala el juez, la reforma de la sede del PP que hizo la empresa de los arquitectos recurrentes, Unifica, unos pagos que "quedaron al margen de la facturación y contabilización oficial y quedaron ocultos, como se pretendía, al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas".

"No ha habido pues, en este caso, empecinamiento del instructor en no desglosar actuaciones desconectas", resume De la Mata, que desde el pasado abril ha sustituido a Pablo Ruz al frente del juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

Argumenta además que los arquitectos que reformaron la sede y que ahora piden que el caso no se juzgue en la Audiencia Nacional no cuestionaron la competencia de este tribunal "a lo largo de toda la instrucción de la causa".

A la petición de los arquitectos se adhirió el PP alegando que la Audiencia Nacional no sería competente para enjuiciar unos hechos que no produjeron grave daño a la economía nacional ni implican a varias personas en diferentes territorios -casos competencia de este tribunal especial-, pero el juez no se ha referido a estos extremos en su auto de rechazo al recurso.

El caso Bárcenas esta pendiente de que se fije fecha para juicio y en él están acusados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro de Lapuerta (que se enfrentan una petición fiscal de 5 años de prisión), el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como el PP en calidad de responsable civil subsidiario.

También se sentarán en el banquillo los responsables de Unifica Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, para quienes la Fiscalía pide 3 años de cárcel.

Están acusados de por haber controlado o haberse beneficiado de la caja B del PP, que funcionó, según el juez, "al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

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