Cronología del caso Koldo: la semana que sacudió al PSOE

El pulso entre Ferraz y Ábalos ha salpicado directamente al Gobierno tras destaparse la trama ► La Audiencia Nacional, Fiscalía Europea, tres juzgados madrileños y otro canario ya están investigando presuntos delitos en la compra de mascarillas durante la pandemia
José Luis Ábalos, tras su comparecencia del pasado martes. EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS)
photo_camera José Luis Ábalos, tras su comparecencia del pasado martes. EDUARDO PARRA (EUROPA PRESS)

El PSOE trata de digerir una de las semanas más duras de su historia reciente por el pulso entre Ferraz y José Luis Ábalos por el caso Koldo, con la incógnita de cómo evolucionarán los hechos en medio de una presión creciente del PP, que apunta ahora a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La semana empezó con toda la atención puesta en un nombre propio, el del exministro socialista José Luis Ábalos, y acaba con el foco sobre la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que el PP ha pedido que dimita por el caso Koldo.

El lunes la Ejecutiva Federal del PSOE tomó una decisión sin precedentes al darle a Ábalos un plazo de 24 horas para que entregara su acta de diputado en el Congreso por considerar que tiene "responsabilidad política" en el caso en el que está siendo investigado su exasesor Koldo García.

La exigencia llegó después de varios llamamientos infructuosos para que Ábalos tomara la decisión por sí mismo, incluyendo una indirecta en público del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez.

El exministro y exsecretario de Organización del PSOE llegó hasta el final con su desafío al partido, y al propio Sánchez, al desoír el ultimátum de la Ejecutiva Federal y anunciar el martes que mantenía su acta de diputado pero dentro del Grupo Mixto.

El anuncio tuvo lugar en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa del Congreso, solo y sin preguntas, en la que defendió su inocencia y cargó contra su propio partido. "Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo", llegó a decir Ábalos, que con su decisión se plantó ante Sánchez haciendo uso de su mismo manual de resistencia.

Inmediatamente, el PSOE informó de la apertura de un expediente contra Ábalos y de su suspensión cautelar de militancia, con la posibilidad de llegar a expulsarlo del partido.

La conmoción y el desconcierto se apoderaron de los socialistas, muy afectados al contemplar cómo se habían precipitado los acontecimientos con Ábalos, hasta hace poco mano derecha de Sánchez y una de las personas que lo ayudaron a resurgir de sus cenizas tras la defenestración que sufrió por parte del PSOE en 2016.

De hecho, este pulso entre Ábalos y Ferraz es uno de los episodios más traumáticos que ha afrontado el partido en su historia reciente, tras el convulso Comité Federal que en 2016 forzó a Sánchez a dimitir como secretario general socialista.

Es evidente que el caso Koldo ha agitado al PSOE en un momento delicado para el partido, que aún estaba tratando de recuperarse de la debacle de las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero.

Pero, además, este caso lo está aprovechando el PP para redoblar la presión sobre el Gobierno de Sánchez en una legislatura ya de por sí complicada, con los apoyos parlamentarios muy justos y las negociaciones con Junts aún en marcha para la aprobación definitiva de la ley de amnistía en el Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que Sánchez conocía lo que estaba ocurriendo con el caso Koldo y lo tapó, y ha denunciado que el cerco sobre el presidente del Gobierno está cada vez más próximo, al haber varios ministerios y dos gobiernos autonómicos socialistas relacionados en su momento con la compra de mascarillas a la trama, los de Canarias y Baleares.

A lo largo de la semana, el PP ha pasado de hablar del "caso Ábalos" a centrar sus ataques en la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a la que piden su dimisión al considerar que su Govern fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa en la compra de mascarillas.

En el PSOE insisten en que Ábalos no está investigado y en que Armengol actuó siguiendo el procedimiento, mientras piden dar tiempo a la investigación judicial en curso y cuestionan el PP por su papel en la trama después de que apareciera el nombre del portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, en el auto del juez.

Además, Sánchez en concreto ha sacado pecho de la contundencia de su partido contra la corrupción, en contraste con la actitud que denuncia que ha tenido el PP, y ha destacado la transparencia y rendición de cuentas de los socialistas con su petición para crear una comisión de investigación en el Congreso que analice en primera instancia el caso Koldo.

Una comisión que cuestiona el PP que, por su parte, ha contraatacado al proponer una comisión en el Senado (donde tiene mayoría absoluta) centrada en el caso Koldo.

A la espera de conocer su recorrido judicial, lo cierto es que por el momento esta trama ha sacudido al PSOE y se ha convertido en un tema central del debate político, por delante incluso de la ley de amnistía.

La empresa del caso Koldo alegó que el exasesor de Ábalos intentó una rebaja con Iberia

La empresa clave del caso Koldo alegó ante la Agencia Tributaria "los contactos realizados para obtener una rebaja en precios" por parte de Iberia "a través de Koldo García", exasesor del exministro José Luis Ábalos, si bien la compañía asegura que el precio facturado fue "el de las condiciones de mercado".

La Agencia Tributaria explica en un informe remitido a la Audiencia Nacional el pasado 2 de febrero, al que ha tenido acceso Efe, que la empresa Soluciones de Gestión adujo la supuesta mediación de Koldo García y de uno de los empresarios implicados, Víctor de Aldama, con Iberia y en el caso de este último también con Air Europa. Ambas compañías lo negaron.

Sobre Aldama, la sociedad alegó que "había intermediado" con Iberia, "y cobrado por ello, consiguiendo una rebaja de precios sustancial", y que para ello "puso de manifiesto sus relaciones con el Ministerio de Transportes".

Un extremo que la compañía negó rotundamente ante la Agencia Tributaria, y que también ha rechazado en un comunicado emitido este domingo, en el que subraya que el precio que se facturó fue el de las condiciones del mercado de aquel momento y el mismo que se ofreció al resto de clientes.

Iberia, que subraya que Hacienda no la ha investigado por estos vuelos, explica que en junio de 2022 le requirió información sobre los contratos con Soluciones Gestión y que la compañía facilitó con celeridad "todos los documentos y las facturas que muestran, sin lugar a dudas, que los precios a los que se realizaron los vuelos fueron los mismos que los aplicados a otras empresas".

Precisa que de los 87 vuelos realizados entre aeropuertos de China y Madrid, 12 fueron contratados por Soluciones de Gestión y que las condiciones eran el precio de coste para cubrir los gastos.

El transporte de las mascarillas que diversos organismos públicos contrataron con la trama se realizó "en aviones de las compañías Air Europa e Iberia", según el informe de la Agencia Tributaria, que ha comprobado "que los precios de los fletes" fueron "similares" en ambas empresas.

Investigación: presuntas comisiones irregulares, delitos contra la Hacienda Pública, malversación...

La gestión de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus continúa bajo la lupa de al menos cinco tribunales cuatro años después de que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas y tres de Madrid investigan presuntas comisiones irregulares para las adjudicaciones de contratos, delitos contra la Hacienda Pública por parte de empresarios y malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que el número de investigaciones puede ser superior toda vez que algunas causas se pueden instruir bajo secreto, como hasta ahora ocurrió con el denominado caso Koldo, que salpica a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Caso Koldo

La Audiencia Nacional investiga, a raíz de una querella de Anticorrupción, a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García.

Para la Fiscalía, hay indicios suficientes para concluir que existe "una organización criminal" con "conciertos previos" que se dedicó a "conseguir la adjudicación" de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García "para mediar y conseguir" dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo "operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades".

Según Anticorrupción, entre 2020 y 2022 Koldo pasó a ser titular de bienes cuyo valor total podría alcanzar 1,5 millones de euros. "Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", añade.

El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El importe alcanzó los 20 millones de euros. El segundo, firmado por 12,5 millones de euros, fue adjudicado por Adif, ente dependiente del Ministerio de Transportes, donde Koldo "asesoraba al titular" del mismo. El tercer contrato, por 3.479.355 euros, corresponde a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior.

En la investigación figuran otros cinco: cuatro con el Servicio Canario de Salud por importe total de 12,3 millones de euros y uno con el Servicio de Salud de Illes Balears por 3,7 millones. Todos ellos han sido enviados por Anticorrupción a la Fiscalía Europea al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.

En total, están bajo la lupa de la Audiencia Nacional ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

Delitos contra la Hacienda Pública en Canarias

Al margen, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canarias investiga la querella que ha presentado la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública tras la venta de material sanitario durante la pandemia al Servicio Canario de Salud por un importe de 22,9 millones de euros.

Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el Ministerio Público ha llevado el caso ante los juzgados tras una inspección de la Agencia Tributaria. Están bajo sospecha tres contratos: uno adjudicado en 2020 por 15.891.610 euros; y dos en 2021, uno por 4.230.000 euros y otro por 2.786.000 euros.

La Fiscalía de Las Palmas recalcó en un comunicado que los hechos que ahora se investigan no guardan relación con el denominado caso Koldo.

Mascarillas "defectuosas"

Por su parte, en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid se investiga un presunto delito contra los trabajadores a raíz de las mascarillas "defectuosas" que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus "sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente".

En esta causa está pendiente que el juez tome declaración el próximo 23 de abril a siete personas en calidad de investigadas, dos de ellas excargos del Gobierno: una exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020.

Los interrogatorios tendrán lugar después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juzgado reabrir la investigación que archivó. Los magistrados de la Audiencia dieron la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que presentó un recurso para que se siguieran investigando los hechos que denunció en la querella presentada en 2020 ante el Tribunal Supremo pero que finalmente acabó en el juzgado madrileño.

Contratos del Ingesa

En otro juzgado de Instrucción de Madrid, en el número 26, se investiga una querella que presentó Vox contra varios cargos y excargos del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario.

Los de Santiago Abascal sostienen que entre marzo y abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, alude a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.

Desde 2022, la titular del juzgado ha interrogado a varios excargos del Gobierno. Según informaron entonces fuentes jurídicas a Europa Press, uno de ellos, el director del Ingesa, Alfonso María Jiménez, negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.

La Fiscalía pidió el archivo en junio de 2022 al considerar que los indicios aportados por Vox se sustentaban en "meras conjeturas". De momento la causa permanece abierta.

Las mascarillas de Luceño

Además, cabe recordar que en abril de 2023 el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid envió a juicio a los empresario Luis Medina y Alberto Luceño –en el marco del denominado caso mascarillas– por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid y falsificar documentos para la compraventa de material sanitario.

Según detalló el juez en el auto de procesamiento, ambos "urdieron un plan para obtener, con la excusa de altruismo y ayuda al Ayuntamiento, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal, consistente en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario, de una empresa malaya".

El juez concluyó que Luceño era "el principal gestor del plan preconcebido" y que Luis Medina, hijo de la exmodelo Naty Abascal, se habría valido de "su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del Duque de Feria".

Estafa al Ayuntamiento de Madrid

Asimismo, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que en el Juzgado de Instrucción Número 30 de Madrid se investiga una segunda estafa de 1,25 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por la compra de 500.000 mascarillas en marzo de 2020.

Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia del consistorio contra el proveedor Philippe Haim Salomon –de la consultora Sinclair and Wilde–. Aunque se archivó en 2021, se reabrió en 2022 cuando la Policía Municipal encontró nuevos indicios.

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