Corinna Larsen trata de esquivar la imputación en la Audiencia Nacional al aportar una pericial que demostraría que la reunión con el excomisario Jose Villarejo se produjo el 7 de octubre de 2016, con el agente ya jubilado, por lo que no cabría el delito de cohecho que le imputa el juez. Lo ha hecho en un escrito presentado ante el juez Manuel García Castellón, que ha citado a la amiga de Juan Carlos I para declarar como investigada el 28 de septiembre de manera presencial.
En el escrito presentado, la defensa de Corinna explica que, de acuerdo al análisis pericial practicado de los audios encontrados en el domicilio de Villarejo, el encuentro de ambos en Londres se produjo más de tres meses después de la jubilación del agente. Según la defensa, ello "significaría que él mismo carecería de la cualidad de funcionario al momento del supuesto encargo, siendo por lo tanto la acción atípica", y por tanto no se darían las condiciones del delito de cohecho.
Corinna está imputada en la pieza 5 del caso Tándem, bautizada como Carol, que fue archivada en 2018 pero reabierta por el juez en julio tras recibir informes policiales sobre dos nuevos archivos de audio que registran conversaciones entre ambos en un segundo encuentro en Londres, tras su primera cita en mayo de 2015. El juez la citó como investigada para esclarecer "la posible existencia de un encargo" de Corinna a Villarejo que vendría referido a la obtención en España de unos datos de su asistente personal de nacionalidad española.
En una de las conversiones, Corinna le expuso sus inquietudes respecto a una asistente que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada. Villarejo, tras recomendarle chequear sus llamadas y mensajes para saber con quién hablaba, le ofreció sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo.
El juez considera que debe averiguarse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello. Dice la defensa que el análisis pericial "tiene suma relevancia" para la resolución del recurso contra la reapertura, pues a las alegaciones que efectuaron en su momento, añaden ahora la de "la atipicidad de los hechos invocada por la defensa de Villarejo, así como de la ausencia del requisito de procedibilidad (denuncia previa del agraviado) al no resultar de aplicación el Código Penal".
