Familias españolas podrán inscribir en el consulado de España en Kiev a sus 39 hijos concebidos por gestación subrogada, según informó este martes a Efe una de las muchas madres que llevan semanas y hasta meses esperando en Ucrania.
"Sí, van a inscribir a las 39 familias cuyos niños tenían la inscripción solicitada", comentó a Efe Ana Reyes Rodríguez, una palentina que llegó a Kiev junto a su marido, Fernando Frontela. Hace unas semanas permanecían en el país cuatro familias gallegas, una de ellas de Lugo.
Por su parte, Reyes, que se encuentra en este país desde el pasado 7 de diciembre, cuando nació su niña, fue citada est por el consulado español para completar dicho trámite. "Nuestra hija tiene ya la nacionalidad española y mañana nos darán el salvoconducto para poder salir de Ucrania", agregó.
Algunas familias, procedentes de ciudades como Toledo, Málaga, Sevilla o Madrid, habían recibido con gran malestar la reciente decisión del Ministerio de Justicia español que exige a los consulados acogerse a la normativa de 2010.
Según esta normativa, es imprescindible una sentencia judicial previa por parte de las autoridades ucranianas y no es suficiente una prueba del ADN del padre.
Por ese motivo, las familias se concentraron el lunes ante la legación diplomática española con pancartas en las que acusaban al Gobierno de España de violar los derechos de sus hijos.
Por su parte, fuentes diplomáticas españolas en Kiev emitieron un aviso en el que aseguran que, aunque todos los casos serán analizados de forma individualizada, dicha sección consular no podrá autorizar ya nuevos expedientes de inscripción de niños nacidos mediante técnica de gestación subrogada. "Lo único malo es que, después de estas 39 familias, el resto de familias que vayan a tener hijos, pues se quedarían a través de la vía ucraniana o nada. Esto no ha terminado. Es una pequeña batalla vencida, pero hay que seguir luchando", comentó al respecto Reyes.
El Gobierno español recuerda que la gestación subrogada, más conocida como "vientres de alquiler", es una práctica prohibida en España, por lo que desde 2006 lleva desaconsejando el procedimiento.
Las autoridades españolas prestan especial atención a los recientes casos de irregularidades con una de las principales agencias, BIOTEX, ya que el Gobierno ucraniano acusa a la agencia de delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y delitos de tráfico de personas.
En Ucrania, país ex soviético que sufre una dura crisis económica, operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, incluyendo gastos médicos, de alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.
La ley exige el consentimiento de la gestante libre y voluntario tras el nacimiento, algo que todas las familias españolas han obtenido. Además, la ley española vela por el derecho del menor a conocer su origen biológico, algo que no se exige en Ucrania una vez que se cede la paternidad.
