Los letrados del Congreso avalan investigar el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I

Los socialistas volverán a vetar la comisión de investigación del Rey emérito
El rey Juan Carlos I. ARCHIVO
photo_camera El rey Juan Carlos I. ARCHIVO

Los servicios jurídicos del Congreso han informado a favor de que la Mesa de la Cámara admita a trámite la comisión de investigación registrada por Unidas Unidos y otros seis partidos para abrir pesquisas sobre el uso de tarjetas black por parte de Juan Carlos I. Según el informe que este miércoles estudiará la Mesa del Congreso, los abogados son partidarios de que el escrito se califique y se traslade a la Junta de Portavoces "para su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria". 

Es la primera vez que los servicios jurídicos del Congreso no informan en contra de dar trámite a una comisión de investigación relativa al Rey emérito. El pasado mes de diciembre, la Mesa del Congreso, amparándose en la opinión de los letrados, vetó esta misma petición por un defecto de forma, ya que únicamente se había presentado con la firma de Unidas Podemos, que no cuenta con los 50 diputados suficientes para solicitar en solitario una comisión de investigación.

NUEVO INTENTO DE PODEMOS. El grupo confederal volvió a registrar la solicitud añadiendo también la firma de ERC, Bildu, Más País, Compromis, CUP y BNG, un texto cuyo contenido sí ha sido ahora analizado por los letrados, que le han dado su visto bueno. Eso sí, en su informe, los letrados, especifican como es habitual que, en el caso de que el Pleno dé vía libre a esa comisión de investigación será ella la que elabore su propio plan de trabajo y decidir sobre la celebración de comparecencias "sin que quepa predeterminar cómo han de acordarse aquéllas". 

Desde Unidas Podemos volvieron a registrar la iniciativa rechazada en diciembre, subsanando el defecto de forma, y convencidos de que esta vez sí pasaría el filtro de los letrados. Y es que lo que persiguen es investigar hechos acaecidos después de junio de 2014, es decir, tras la abdicación del rey Juan Carlos a los que, a su juicio, no se le puede aplicar la inviolabilidad contenida en el artículo 56.3 de la Constitución española.

HECHOS POSTERIORES A LA ABDICACIÓN. El argumento de la inviolabilidad y de que las actividades del jefe del Estado son ajenas al control parlamentario es el que han venido esgrimiendo los servicios jurídicos para mostrarse en contra de la admisión de las comisiones de investigación registradas hasta la fecha relativas al Rey emérito. Sin embargo, en esta ocasión los letrados no mencionan nada al respecto y se limitan a avalar que se califique la iniciativa y se lleve a la Junta de Portavoces para poner fecha a su discusión en el Pleno. Eso sí, este informe de los letrados, como todos, no es vinculante.

PSOE FRENÓ UNA SOBRE LOS GAL, PESE AL SÍ DE LOS LETRADOS. Ahora, con la opinión de los servicios jurídicos sobre la mesa, el PSOE debe decidir si asume ese criterio o mantiene su oposición a que la Cámara investigue cualquier asunto relativo a la Corona. Es decir, si suma sus votos a los de Unidas Podemos y da vía libre a que el asunto se debata en el Pleno del Congreso, o vuelve a frenar la iniciativa como venía haciendo hasta ahora junto con PP y Vox. 

Según han informado a Europa Press fuentes socialistas, el PSOE volverá a oponerse este miércoles a que el Congreso abra una comisión de investigación. Sus representantes en la Mesa de la Cámara mantendrán su rechazo a la calificación de esta solicitud, que no podrá ser debatida en el Pleno del Congreso. Según alegan, este asunto ya esta bajo investigación judicial en el Tribunal Supremo y además la jurisprudencia del Tribunal Constitucional viene señalando que entre las funciones del Parlamento no está el control de la Monarquía ni de la Jefatura del Estado. Para el Grupo Socialista, su posición es coherente con la doctrina de la Cámara. 

En todo caso, no será la primera vez en esta legislatura que el grupo mayoritario actúe en el sentido contrario al marcado por los servicios jurídicos, cuyos informes no son vinculantes. El pasado mes de junio, por ejemplo, los socialistas votaron en contra de la admisión por la Mesa de una comisión de investigación sobre la relación del expresidente del Gobierno Felipe González con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), pese a que ésta contaba con el aval de los servicios jurídicos. 

Fue una iniciativa impulsada por ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP y el BNG tras salir a la luz unos documentos de la agencia de inteligencia estadounidense CIA que vinculaban a González con la creación de este grupo terrorista protagonista de la denominada 'guerra sucia' contra ETA. En aquel momento, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, admitió que sus representantes en la Mesa vetaron esa iniciativa por una "posición política" y no por motivos reglamentarios. 

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