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Los compañeros de Forcadell en la Mesa del Parlament, a juicio en noviembre en Cataluña

Forcadell con Anna Simó y Lluís Corominas, ante Espejo-Saavedra, en 2015. EFE
Forcadell con Anna Simó y Lluís Corominas, ante Espejo-Saavedra, en 2015. EFE
El 'procés' tiene una alargada sombra en los tribunales que va desde este nuevo juicio a la causa de Trapero 

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha fijado para el 28 de noviembre el inicio del juicio por desobediencia a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de la presidenta Carme Forcadell, tras acordar la nueva fecha con los abogados de las partes.

En una diligencia, la sala civil y penal del alto tribunal catalán ha señalado la celebración del juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluís Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de la exdiputada de la CUP Mireia Boya, para los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre, en sesiones de mañana y tarde.

El juicio por desobediencia contra los diputados soberanistas de la Mesa del Parlament en la etapa de Forcadell se fijó inicialmente entre los días 18 y 22 de noviembre, pero se aplazó porque dos de los letrados de la defensa tenían previstas otras vistas para esos días con anterioridad. 

En la causa, la Fiscalía pide penas de hasta un año y ocho meses de inhabilitación, así como una multa de 10 meses con una cuota diaria de 100 euros por un delito continuado de desobediencia grave. Por su parte, la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado pide multas de 30.000 euros e inhabilitación especial de un año y ocho meses para Corominas, Guinó, Simó y Barrufet, y multa de 24.000 euros y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya, todos ellos acusados de desobediencia grave. 

Asimismo, la acusación popular de Vox pide 12 años de cárcel, 108.000 euros de multa e inhabilitación para esos seis acusados, a los que considera autores de un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia. 

La causa contra los miembros de la Mesa —iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía— se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento. 

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de CSQP, están acusados de permitir que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos. 

La alargada sombra del 'procés' en los tribunales
La condena por sedición a los líderes del procés amenaza con marcar el devenir de otras muchas causas judiciales abiertas por la organización del referéndum o por decisiones que supuestamente apuntalaron la hoja de ruta del independentismo. Uno de los frentes judiciales cuyo desenlace puede verse condicionado por los hechos que el Tribunal Supremo considera probados es el juicio a la Mesa de la Cámara, pero hay unos cuantos más.

Trapero y la rebelión
Tal vez la causa que más acuse los efectos de la sentencia será la del mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, quien junto a la antigua cúpula del Departamento de Interior espera juicio el próximo mes de enero por contribuir al despliegue de la hoja de ruta unilateral.

Trapero se librará previsiblemente de la acusación por rebelión por la que se enfrentaba a 11 años de cárcel al dictaminar el Supremo que la actuación de los implicados en el 1-O fue un delito de sedición, ya que la histórica sentencia conocida este lunes llevará con toda probabilidad a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a cambiar su calificación de los hechos, según han informado fuentes jurídicas consultadas por Efe.

Paralelamente, mandos de los Mossos d'Esquadra son investigados en distintos juzgados catalanes —en la mayoría de casos a raíz de denuncias de particulares— por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir el referéndum suspendido por el Constitucional.

La organización del 1-O 
La logística del referéndum, desde la distribución postal o la gestión informática hasta la designación de los observadores internacionales, ha dejado a las puertas de juicio a una treintena de cargos del Govern, técnicos y empresarios, procesados por malversación, prevaricación, desobediencia y falsedad documental, delitos a los que la Fiscalía pugna por añadir el de organización criminal.

Torra y los CDR
El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se sentará en el banquillo el 18 de noviembre por desoír la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos antes de las elecciones generales del 28-A, una instrucción que sí ha acatado en el período electoral previo al 10-N.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional sigue los pasos a un grupo de los llamados CDR, heterogéneo y asambleario movimiento ciudadano que tras la fallida declaración unilateral de independencia ha liderado las movilizaciones más radicales por la liberación de los presos y el despliegue de la República catalana.

Siete activistas de los CDR permanecen en prisión preventiva, acusados de preparar sabotajes con explosivos en las protestas post-sentencia, en una causa que la Audiencia Nacional mantiene bajo secreto de sumario y en la que se esperan más detenciones.

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