Codenan a pagar 3.000 euros por la falta de coordinación al operar un niño de 4 años que era hemofílico

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Valladolid ha condenado al Servicio de Sanidad de Castilla y León (Sacyl) al pago de 3.000 euros, ante la falta de coordinación que conllevó la operación de vegetaciones de un niño de 4 años sin haber tomado medidas por la hemofilia del menor.

La sentencia sitúa los hechos en el 19 de diciembre de 2000, cuando la hematóloga que examinó los resultados de una analítica practicada al niño para el preoperatorio de la adenoidectomia -extirpación de vegetaciones- ordenó análisis complementarios, según la sentencia facilitada por el Defensor del Paciente, que representó en el caso a la familia del niño.

Tras estas pruebas, hizo constar en la hoja de resultados de forma manual su sospecha de que podría padecer hemofilia, por lo que el pequeño debía acudir a consulta, sin llevar a cabo la intervención por el momento.

El 26 de enero de 2001, el niño fue operado y dado de alta, tras lo que sufrió un fuerte sangrado cuando se encontraba en su casa y tuvo que ser ingresado de nuevo en el Hospital Clínico de Valladolid, donde le sometieron a una segunda intervención y a una tercera porque no cesaba la hemorragia, además de hacer una transfusión.

Argumenta el Juzgado, al estimar parcialmente la demanda y en función de los informes periciales presentados, que no se cuestiona la procedencia de la intervención quirúrgica ni su correcta práctica y tampoco se cuestiona que de la operación se pudiera derivar, como riesgo inherente, el padecimiento de hemorragias, por lo que no es posible que se hubiera pospuesto hasta el momento de llevarla a cabo "sin riesgo alguno".

Matiza que la práctica de la intervención sin esperar a la confirmación de la enfermedad hemofílica sufrida por el menor privó al niño de la posibilidad de que se llevara a cabo adoptándose mayores precauciones para reducir el riesgo de sangrado.

Ante estos hechos, la sentencia condena a la Administración al pago de una indemnización de 3.000 euros por el daño causado, sobre el que "no se pueden excluir otras concausas propias de la intervención", y tiene en cuenta también que al menor no le quedaron secuelas físicas.

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