Calvo pone fecha de caducidad al estado de alarma y apuesta por buscar leyes alternativas

Carmen Calvo, este miércoles en el Senado. EFE
photo_camera Carmen Calvo, este miércoles en el Senado. EFE

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, puso este miércoles fecha de caducidad a la vigencia del estado de alarma, que el Ejecutivo busca levantar en el mismo momento en que concluya la desescalada "a finales de junio o primeros de julio", si todo va bien. A partir de ahí, avanzó el propósito del Ejecutivo de proponer con rapidez reformas legislativas para que el país esté pertrechado en el futuro para responder ante eventuales rebrotes del coronavirus sin que sea necesario recurrir de nuevo al estado de alarma. 

En una comparecencia ante la comisión constitucional del Senado, Calvo confirmó que el Gobierno ha empezado a plantear a los grupos parlamentarios la posibilidad de solicitar una quinta y última prórroga del estado de alarma por un periodo de "más o menos un mes", de manera que abarque hasta el final del proceso de desescalada. Se manifestó así horas después de que el presidente, Pedro Sánchez, defendiera en el Congreso el mantenimiento del estado de alarma —aunque "distinto"— hasta culminar la desescalada. 

Casado se enroca en el no al estado de alarma, que Sánchez quiere prorrogar hasta finales de junio

De cara a la reforma legislativa, la vicepresidenta no mencionó expresamente ninguna ley. Ahora bien, advirtió de que para emprender este cambio el Gobierno necesita un "consenso" con las fuerzas políticas, "que sin merma de las transferencias y del respeto a las competencias asumidas por las comunidades autónomas permitan reaccionar a las emergencias". "Salir de la alarma significa darnos a nosotros mismos instrumentos importantes para poder navegar cualquier situación que vuelva a perturbarnos", incidió. 

El líder del PP, Pablo Casado, ya avanzó a la propia Calvo en una conversación telefónica este lunes que su grupo votaría en contra de una nueva prórroga del estado de alarma. Los populares proponen un paquete de medidas alternativo que incluye un plan de desescalada jurídica que apunta a más de media docena de leyes para limitar la movilidad de los ciudadanos sin tener que recurrir a la alarma.

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