La Fiscalía de Bruselas informó hoy de que está en contacto con los abogados de los exconsejeros catalanes huidos a Bélgica (Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret) y considera que no hay riesgo de fuga, por lo que no les está buscando activamente.
El Ministerio Público confirmó en un comunicado que está en contacto con los abogados de los tres políticos independentistas y que estos les han transmitido que "sus clientes están a disposición de la justicia belga".
"Por esa razón y dado que no existe un riesgo manifiesto de fuga, la señora Serret, y los señores Comín y Puig no son buscados activamente", añadió la fiscalía en su comunicado.
La Fiscalía de Bruselas indicó que ha pedido "informaciones complementarias" a las autoridades judiciales españolas a través de Eurojust (el organismo de cooperación judicial de la Unión Europea) pero no precisó de qué informaciones concretas se trata.
Asimismo, comunicó que los exconsejeros catalanes no han comparecido todavía ante un juez de instrucción belga aunque "es posible que este sea el caso en el futuro próximo", si bien rehusó "anticipar" cómo seguirá el procedimiento.
La Fiscalía de la capital belga recordó que este procedimiento no es la continuación del abierto en noviembre cuando la Audiencia Nacional de España emitió por primera vez los mandatos de arresto europeos contra ellos, sino uno nuevo basado en las euroórdenes emitidas la semana pasada por el Tribunal Supremo español.
El Ministerio Público belga no informó sobre los próximos pasos en el procedimiento y se limitó a señalar de que informará si tiene lugar una "evolución importante".
La Fiscalía examinó hoy las órdenes de arresto europeas contra los exconsejeros catalanes que recibió el pasado sábado, después de que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena decidiese el viernes reactivarlas.
Ahora, una vez que la Fiscalía reciba la información que ha solicitado a España, podría pedir a los exconsejeros que comparezcan ante un juez de instrucción, apuntan fuentes del Ministerio Público.
Los exconsejeros deberían entonces presentarse ante la policía belga antes de ser escuchados por el juez en un plazo máximo de 24 horas.
A partir de ahí y según el procedimiento que rige las euroórdenes, la justicia belga tendrá en total un máximo de 60 días a contar a partir del arresto para decidir si acepta o deniega su entrega a España, plazo que puede prolongarse hasta 90 días en casos excepcionales.
