Repsol reclamará a Argentina, al menos, 10.500 millones de dólares (8.000 millones de euros) por su participación en YPF, compañía a la que otorga un valor total de 18.300 millones de dólares, en virtud de la Ley de Privatización y los Estatutos de YPF.
La compañía española entiende que para llevar a cabo la expropiación del 50,1 % de la compañía, el Gobierno del país austral debería lanzar una opa, ha explicado en una multitudinaria rueda de prensa el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Según los estatutos de YPF, de la que Repsol controla el 57,4 %, en el supuesto de una adquisición igual o superior al 15 %, el comprador debe formular una oferta pública de adquisición (opa) por la totalidad de las acciones de la compañía y en efectivo.
En este caso, el criterio aplicable para determinar el precio por acción de YPF consistiría en multiplicar el PER (ratio por acción) máximo registrado por la compañía de los dos últimos años por el resultado neto por acción de los últimos doce meses.
El resultado de esta operación arrojaría un precio por acción de YPF de 46,55 dólares (unos 35 euros al cambio actual), lo que supondría valorar el total de la compañía en 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros).
"Vamos a pedir lo que tenemos derecho y lo que pagamos en su momento, que fue mucho más de la cotización porque los cálculos así lo daban. Nuestra reclamación económica estará basada en ese precio" (18.300 millones de dólares), ha afirmado Brufau, quien ha avanzado que habrá "más demandas" y se abrirán "otro tipo de procedimientos".
En cuanto a la participación del 6 % que restaría a Repsol en YPF tras la expropiación, Brufau ha dicho que habrá que ver cuál es la valoración final de la compañía para adoptar una decisión al respecto.
"Imagino que el gobierno (argentino) intentará no cumplir con lo que tiene que hacer", ha lamentado el presidente de la petrolera, quien ha ironizado con la separación de poderes en el país y que ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional.
"Me gustaría creer que la decisión no es irreversible, pero no soy optimista", ha afirmado Brufau, quien ha augurado una larga y dura batalla (de hasta dos años) y ha lamentado que la presidenta argentina no se haya reunido con él porque, según sus ministros, "la señora estaba enojada".
El directivo ha insistido en que han recibido ofertas para participar en YPF por ese precio (46,55 dólares por acción) y ha lamentado que la presidenta argentina, Cristina Fernández, no las haya querido escuchar porque, en su opinión, tenía tomada la decisión de expropiar la compañía desde el primer día.
Ha considerado que ahora ninguna empresa se aventurará a entrar en una compañía cuya propiedad está en litigio. "Si yo fuera un colega mío le diría que esperase a ver qué pasa", ha añadido.
Para Brufau, el descubrimiento de hidrocarburos de "Vaca Muerta" es, sin lugar a dudas, la causa de la nacionalización, así como el insostenible modelo energético de subsidios de Argentina que lleva a un "consumo desaforado de gas y a facturas no pagables".
Por otra parte, ha asegurado que la expropiación no afectará "mucho" al plan estratégico que Repsol tiene previsto presentar a finales de mayo, al tiempo que no repercutirá en su política de dividendos a corto y medio plazo.
En este sentido, ha afirmado que ahora el futuro de Repsol está fuera de Argentina y que hay que dejar de pensar en la situación en dicho país.
"En Repsol no pagamos comisiones, somos los más competitivos y tenemos los mejores precios. A lo mejor nos pasan factura por esto", ha afirmado Brufau, quien ha acusado al Gobierno de Argentina de manipular los datos de YPF en cuanto a reservas, inversiones o producción.
Por otra parte, ha comentado que sus socios en YPF, la familia Eskenazi (que controla el 25 %), están enormemente preocupados y dispuestos a iniciar acciones legales para defender sus intereses.
LA CE CANCELA SU ENCUENTRO CON ARGENTINA
La Comisión Europea (CE) ha suspendido la reunión del comité conjunto UE-Argentina que iba a celebrarse los próximos días 19 y 20 de abril en Buenos Aires, en respuesta a la expropiación del 51 % de YPF por parte del Gobierno argentino, la cual considera "ilegal" si no conlleva una compensación adecuada.
"Debido al clima que se ha creado por esta situación, la Comisión Europea y la alta representante (de la política exterior, Catherine Ashton) han decidido posponer la reunión del comité conjunto UE-Argentina que estaba previsto para los días 19 y 20 de abril" en Buenos Aires, señaló Pia Ahrenkilde, portavoz del Ejecutivo comunitario, en la rueda de prensa diaria.
"Entendemos que la expropiación que se planea en este caso es ilegal si tiene lugar sin una compensación justa, adecuada y pronta", agregó la portavoz.
