José Bretón ha sido condenado a 40 años de prisión por el asesinato de sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años, respectivamente, el 8 de octubre de 2011 en Córdoba.
En la sentencia, el juez Pedro Vela considera que, de acuerdo con el veredicto de culpabilidad del jurado, condena a Bretón como autor de dos delitos de asesinato, con la concurrencia de la circunstancia agravante de parentesco, a las penas, por cada asesinato, de veinte años de prisión.
Además, una vez sea firme la sentencia, el juez ha pedido que se libre exhorto al Registro Civil de Córdoba, ordenando la inscripción de la defunción de Ruth y José Bretón Ortiz el 8 de octubre de 2011 y que se entregue a Ruth Ortiz los restos de dichos menores para su inhumación.
El juez relata que cuando Ruth Ortiz le comunicó, a su entonces marido, José Bretón que tenía voluntad de acabar con su matrimonio, el condenado concibió la idea de dar muerte a los niños como venganza contra su esposa.
Para ejecutar dicho plan, decidió que el lugar más adecuado sería la finca de Las Quemadillas, propiedad de sus padres, y que la fecha adecuada sería el 8 de octubre de 2011.
Con dicha finalidad, compró un ansiolítico y un antidepresivo que un médico psiquiatra le recetó y con los que, una vez llegado el momento, poder adormecer e incluso matar a sus hijos con toda facilidad, mientras que hizo acopio de leña en la parcela y adquirió un total de 271,11 litros de gasóleo en una gasolinera de Huelva.
El juez considera probado que Bretón preparó una especie de pira funeraria en la finca, donde colocó los cuerpos de sus hijos sin que pueda determinarse si ya estaban sin vida o todavía no habían fallecido.
Los cuerpos los colocó junto con una mesa metálica con el tablero en posición vertical y prendió una gran hoguera, que avivó gracias al uso de unos 250 kilogramos de leña y alrededor de 80 litros de gasóleo, y que llegó a alcanzar temperaturas de hasta 1.200 grados centígrados logrando un efecto similar a un horno crematorio.
En su sentencia, el juez indica que, teniendo en cuenta la corta edad de los menores, que convivían con la perjudicada y eran sus únicos hijos, se estima adecuada una indemnización de 500.000 euros, 250.000 por víctima, para Ruth Ortiz.
Respecto a la responsabilidad civil derivada del delito de simulación de delito, Bretón deberá indemnizar al Ministerio del Interior con 137.335 euros y al Ayuntamiento de Córdoba con 22.567 euros, mientras que la empresa Cóndor Georradar -dedicada al estudio de anomalías en el terreno para facilitar la búsqueda posibles restos- renunció a la indemnización.
Asimismo, ha impuesto al condenado la prohibición de acercamiento a Ruth Ortiz, a la abuela y al tío de los niños, en un radio de un kilómetro, así como la prohibición de comunicación con ellos por cualquier medio, durante cuarenta y dos años.
Finalmente, el juez indica que ante la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA), en el plazo de diez días.
Una vez conocida la sentencia, el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, ha anunciado que pedirá que se prorrogue la prisión preventiva a Bretón, que se agota en octubre de este año, hasta que la sentencia sea firme.
Según ha indicado, lo más normal es que para esa fecha los posibles recursos que interponga la defensa contra la sentencia no se hayan resuelto, por lo que, para "dar tranquilidad", la Fiscalía solicitará que se prorrogue la prisión preventiva hasta la mitad de la pena impuesta.
"Queremos que se puedan resolver los recursos sin el problema de que nos podamos pillar por límites de día arriba día abajo, lo que sería nefasto en un caso como éste", ha especificado Martín-Caro.
Por su lado, tanto la abogada de la acusación particular, María del Reposo Carrero, como el abogado de la defensa, José María Sánchez de Puerta, han evitado pronunciarse sobre el contenido de la sentencia hasta poder analizarla en profundidad.
No obstante, al conocer el veredicto de culpabilidad, Sánchez de Puerta anunció en la sala judicial que "no está de acuerdo" con el fallo y solicitó de nuevo la "total absolución" de su defendido.
Además, manifestó que haría uso de "todos los recursos que por ley me corresponden".
