La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves, con el voto favorable del PP, Ciudadanos y Vox, una iniciativa para reprobar la actuación política del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, durante la pandemia del coronavirus, y pedir al Ejecutivo central su cese inmediato.
El bloque de la izquierda ha votado en contra de esta proposición no de ley, impulsada por el PP alegando la "dejación de funciones" de Franco los días previos al estado de alarma, y que permitiera "numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni seguridad".
Una primera versión de esta proposición, también del PP, fue rechazada el pasado 29 junio por la Mesa de la Asamblea, después de que el PSOE y Ciudadanos votaran en contra de calificarla por considerar que contenía "juicios de valor".
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha señalado que el auto del juzgado de instrucción número 51 de Madrid sobre la investigación del 8M, si bien exonera "de cualquier responsabilidad penal" al delegado del Gobierno en Madrid y dictó el sobreseimiento de la causa, deja de manifiesto "una clara dejación de funciones".
Serrano ha señalado que la "agenda" del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "culminaba el 8M" e hicieron "oídos sordos" a las llamadas de alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
Entre los motivos de la reprobación, cuyo carácter no es vinculante, ha destacado que el delegado del Gobierno no atendió a las peticiones de la presidenta madrileña de medios de protección, y pretendió "retorcer el tema de las residencias como imputación a la presidenta para tratar de derribar al Gobierno", como apeló en una reunión telemática con alcaldes y militantes socialistas.
El diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha defendido que la actuación de Franco antes de la explosión de la crisis sanitaria merece la reprobación, aunque, ha continuado, contiene una exigencia de "actuaciones con anticipación que tampoco existió por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".
La diputada de Ciudadanos Emy Fernández-Luna, que no se ha referido a la reprobación propiamente dicha, ha comentado que "la situación de crisis sanitaria que vivimos exige de los responsables públicos un ejercicio de planificación, usando diversos escenarios potenciales".
"Si esta iniciativa tiene la idea de intentar callar a los socialistas, se equivoca", ha dicho el diputado del PSOE José Cepeda, quien ha tildado de "astracanada" y "marcianada" esta proposición y ha señalado que no la han llevado al Congreso de los Diputados porque "tienen poca confianza en el señor Pablo Casado".
"Nunca vamos a pedir la reprobación de un cargo público por no prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", ha dicho el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, en alusión a la manifestación del 8M, y ha reprochado al PP que eche en cara a Franco dicho evento y no el mitin que Vox dio el mismo día en Vistalegre.
Sobre la manifestación del 8M, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano ha argumentado que Franco "no tenía habilitación legal" para anularla, por lo que se reprueba al delegado del Gobierno "por no hacer una cosa que legalmente no podía hacer", cosa que a su juicio, con la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, sí podría haber hecho la Comunidad como "autoridad sanitaria".
El bloque de la izquierda ha votado en contra de esta proposición no de ley, impulsada por el PP alegando la "dejación de funciones" de Franco los días previos al estado de alarma, y que permitiera "numerosos eventos y actos multitudinarios sin medidas de prevención ni seguridad".
Una primera versión de esta proposición, también del PP, fue rechazada el pasado 29 junio por la Mesa de la Asamblea, después de que el PSOE y Ciudadanos votaran en contra de calificarla por considerar que contenía "juicios de valor".
El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha señalado que el auto del juzgado de instrucción número 51 de Madrid sobre la investigación del 8M, si bien exonera "de cualquier responsabilidad penal" al delegado del Gobierno en Madrid y dictó el sobreseimiento de la causa, deja de manifiesto "una clara dejación de funciones".
Serrano ha señalado que la "agenda" del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "culminaba el 8M" e hicieron "oídos sordos" a las llamadas de alerta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de Naciones Unidas y de la Unión Europea.
Entre los motivos de la reprobación, cuyo carácter no es vinculante, ha destacado que el delegado del Gobierno no atendió a las peticiones de la presidenta madrileña de medios de protección, y pretendió "retorcer el tema de las residencias como imputación a la presidenta para tratar de derribar al Gobierno", como apeló en una reunión telemática con alcaldes y militantes socialistas.
El diputado de Vox Pablo Gutiérrez de Cabiedes ha defendido que la actuación de Franco antes de la explosión de la crisis sanitaria merece la reprobación, aunque, ha continuado, contiene una exigencia de "actuaciones con anticipación que tampoco existió por el Gobierno de la Comunidad de Madrid".
La diputada de Ciudadanos Emy Fernández-Luna, que no se ha referido a la reprobación propiamente dicha, ha comentado que "la situación de crisis sanitaria que vivimos exige de los responsables públicos un ejercicio de planificación, usando diversos escenarios potenciales".
"Si esta iniciativa tiene la idea de intentar callar a los socialistas, se equivoca", ha dicho el diputado del PSOE José Cepeda, quien ha tildado de "astracanada" y "marcianada" esta proposición y ha señalado que no la han llevado al Congreso de los Diputados porque "tienen poca confianza en el señor Pablo Casado".
"Nunca vamos a pedir la reprobación de un cargo público por no prohibir el ejercicio de un derecho fundamental", ha dicho el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca, en alusión a la manifestación del 8M, y ha reprochado al PP que eche en cara a Franco dicho evento y no el mitin que Vox dio el mismo día en Vistalegre.
Sobre la manifestación del 8M, el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano ha argumentado que Franco "no tenía habilitación legal" para anularla, por lo que se reprueba al delegado del Gobierno "por no hacer una cosa que legalmente no podía hacer", cosa que a su juicio, con la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, sí podría haber hecho la Comunidad como "autoridad sanitaria".
