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Archivan la causa contra los ediles de Badalona que abrieron el ayuntamiento el 12 de Octubre

El juez considera que los concejales se limitaron a cometer una "escenificación", que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances"

Un juez ha archivado la causa contra los seis concejales del Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) que abrieron las puertas del consistorio el 12 de octubre, al considerar que se limitaron a cometer una "escenificación", que no constituye delito porque "el derecho penal no castiga las performances".

En un auto, que se puede recurrir, el titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona sostiene que si los seis concejales investigados hubiesen abierto las puertas del consistorio a la ciudadanía y a los empleados públicos y todos ellos hubieran entrado al Ayuntamiento de Badalona el pasado Día de la Hispanidad, lo que no ocurrió, ello sí habría sido una "verdadera desobediencia".

Por el contrario, el juez remarca que los hechos se limitaron a "una mera performance" (que define como una actuación o representación artística con cierto grado de improvisación), que no supone delito. "Lisa y llanamente, el derecho penal no castiga las performances", concluye.

Según el magistrado, los seis investigados -los concejales Oriol Lladó -primer teniente de alcalde y alcalde accidental ese día-, José Antonio Téllez, Agnès Rotger, Eulàlia Sabeter, Fátima Taleb y Francesc Duran, de Guanyem Badalona (integrado por Podem y la CUP) y ERC-, hicieron creer "muy hábilmente" que desobedecían, pese a que sabían que no lo estaban haciendo.

"Se deben enmarcar los hechos en el clima político actual, donde una cierta parte de la población catalana, o al menos una cierta parte de su representación política, cree conveniente la 'desobediencia' como medio para lograr sus objetivos'", sostiene el juez, Josep Maria Noales, uno de los magistrados catalanes que firmó el manifiesto a favor de la consulta soberanista en Cataluña.

El magistrado cree que en estos momentos no es "ningún disparate" considerar que "una persona quiere hacer creer a los otros que está cometiendo un delito", lo que sería "impensable" fuera del actual "clima político".

"En este caso, se da un supuesto de judicialización de la política, pero no en el sentido usual y moderno de la construcción, sino justamente en el sentido contrario, o sea, se realiza una conducta que, en apariencia a los ojos de todos, es delictiva, se es conocedor de que comportará la actuación de los tribunales, pero en última instancia se es conocedor de que realmente no es, en ningún caso, delictiva", sostiene el auto.


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