La asociación a favor de la libertad de elección de lengua Hablamos Español ha ampliado hasta finales de octubre el plazo para reunir las 500.000 firmas necesarias para que se debata en el Congreso su iniciativa, según su portavoz en Málaga, Montserrat Gil-Delgado.
Hablamos Español presentó en septiembre del año pasado ante la Mesa del Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone garantizar la libre elección de la lengua española en todos los centros educativos del país y eliminar las barreras lingüísticas que existen en las instituciones oficiales, según ellos mismos opinan.
Gil-Delgado ha explicado a Efe que, aunque el plazo para la recogida de firmas era de nueve meses a partir de su presentación ante el Congreso, la asociación ha encontrado dificultades en algunas ciudades a la hora de obtener los permisos municipales, por lo que el plazo se ha ampliado hasta finales de octubre.
"En comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia ha habido muchos problemas para poder instalar las mesas, aunque también en ciudades como Murcia y Albacete, donde se nos denegaron los permisos de recogida", ha afirmado la portavoz.
El pasado 8 de septiembre, grupos de voluntarios recogieron firmas en más de cincuenta municipios distribuidos por todo el territorio nacional con el objetivo de aprovechar las últimas semanas de las que dispone el colectivo para alcanzar las 500.000 que son necesarias para que la ILP se admita a debate.
Por el momento, desde Hablamos Español no pueden ofrecer la cifra exacta de firmas recabadas ya que, según sostiene Gil-Delgado, "es la Junta Electoral Central la encargada de hacer el recuento" y aún hay pliegos sin enviar desde algunas provincias.
De alcanzar el número necesario, la propuesta se llevaría a debate en el Congreso y se estudiarían las demandas del colectivo, entre las que se encuentran la libertad de elegir estudiar las asignaturas en español o que los organismos oficiales usen los dos idiomas de la comunidad en carteles y señales.
"Queremos que no sea una barrera el hecho de no conocer la lengua cooficial para acceder a un puesto de trabajo en la administración", ha apuntado Gil-Delgado, quien ha añadido que el propósito de la asociación "no es restringir, sino sumar". "La iniciativa no va en contra de nada, porque lo único que estamos defendiendo es un derecho recogido en la Constitución, que es el de hablar español", ha concluido.
