El PSOE propone ampliar la edad de educación obligatoria hasta los 18

Los socialistas presentan un borrador de programa electoral que contempla doblar las inversiones de empleo, subsidio para parados mayores de 52 años y acabar con la figura de los 'falsos autónomos'
Maritxell Batet con Patxi López
photo_camera Maritxell Batet con Patxi López

El PSOE ha incluido en el borrador de su programa electoral la garantía de que todos los jóvenes que quieran estudiar, y cuyas familias no tengan renta suficiente para pagarlo, contarán con una beca.

La secretaria de Estudios y Programas del PSOE, Meritxell Batet, ha anticipado esta medida en la rueda de prensa ofrecida en la sede de Ferraz tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva socialista, en la que se ha aprobado el borrador del programa con el que concurrirán a las elecciones generales del 20 de diciembre.

El objetivo de la propuesta del PSOE es que las becas sean consideradas "un auténtico derecho de ciudadanía".

"Que todos los ciudadanos que quieran estudiar y tengan la capacidad para ello no se van a quedar sin la posibilidad de estudiar por una cuestión económica, porque el ingreso de sus padres no llega para pagar una carrera universitaria o una educación obligatoria", ha explicado Batet.

La dirigente socialista ha apuntado otras medidas ya conocidas que su partido llevará en el programa electoral, como la de que la enseñanza también sea obligatoria de los 16 a los 18 años.

Esta propuesta fue anunciada por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el pasado 7 de septiembre cuando dio a conocer su oferta electoral en materia educativa.

Doble inversión de empleo y subsidio para parados mayores de 52

Los socialistas también apuestan en su programa electoral provisional por duplicar las inversiones destinadas a las políticas activas de empleo, que para 2016 están dotadas con un presupuesto de 5.214,92 millones de euros, y subsidiará a los desempleados mayores de 52 años hasta que encuentren trabajo o accedan a la pensión de jubilación.

El borrador incluye la creación de una nueva Agencia Pública de Empleo y la penalización con mayores cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas que abusen de la contratación temporal.

La modificación del subsidio por desempleo permitirá dar cobertura durante 24 meses a las personas desempleadas que hayan agotado la prestación por desempleo y tengan responsabilidades familiares, a las mayores de 45 años -aunque no tengan dichas responsabilidades-, a las mujeres víctimas de violencia de género y a las personas con discapacidad.

De esta manera, el PSOE se compromete a poner fin a la figura de los falsos autónomos, incluyendo los económicamente dependientes bajo el amparo del Estatuto de los trabajadores, así como a terminar con las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo.

Prohibirá que los contratos temporales puedan durar más de un año

Establecerá tres modalidades de contrato de trabajo: indefinido, temporal y un contrato de relevo y para la formación, y prohibirá que los temporales puedan durar más de un año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo a 2 años y fijar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores.

El Salario Mínimo Interprofesional se subirá para que en dos legislaturas alcance el 60 % del salario medio neto, al tiempo que se garantizará un Ingreso Mínimo Vital de carácter no contributivo para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.

Esta renta mínima solo estará vinculada a los ingresos del hogar independientemente de la situación laboral de los padres y será mayor en función de los hijos a cargo y de las rentas familiares.

El poder adquisitivo de las pensiones quedará garantizado, se recuperará la cotización por jubilación en los supuestos de percepción del subsidio asistencial por desempleo hasta el 125 % del salario mínimo y se permitirá a los jóvenes mejorar su carrera de cotización mediante la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social para "comprar" años cotizados.

Por otra parte, dentro de las medidas contra la corrupción, el PSOE ha incluido la prohibición a las administraciones públicas de contratar con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados paraísos fiscales.

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