Si el Gobierno no lograra el aval del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma podría recurrir a varias leyes sanitarias para seguir actuando contra el coronavirus, pero perdería el mando único y estaría obligado a una mayor coordinación con las comunidades autónomas.
Ello acarrearía riesgos para una aplicación exitosa y segura de un proceso de desconfinamiento que ya está en marcha, tal y como advierten varios constitucionalistas, quienes al mismo tiempo que admiten la posibilidad de acudir a un marco legislativo alternativo inciden en la mayor complejidad que supondría su aplicación.
La ley de medidas especiales en materia de salud pública de 1986 se presenta como la principal norma que podría utilizar el Ejecutivo en caso de no conseguir respaldo parlamentario a una nueva prórroga del estado de alarma.
Se trata de una ley breve, de solo cuatro artículos. El tercero dice: "Para controlar enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria podrá adoptar las medidas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
Un planteamiento al que se podrían añadir además otras leyes sanitarias.
En el aire el confinamiento
Pero ninguna faculta al Gobierno para mantener el confinamiento que se activó con el estado de alarma, cuya prórroga ponen en entredicho cada vez más fuerzas de la oposición y también muchas comunidades autónomas.
La cuestión está en que si el Gobierno se queda sin su "hiperliderazgo", en palabras del catedrático José Manuel Vera, estaría más obligado que nunca a coordinarse con las 17 autonomías y tendría muchos problemas para dar marcha atrás en la desescalada si así lo aconsejara un rebrote.
El reto de combatir el Covid-19 sin el Ejecutivo al frente se presenta especialmente complicado por las patentes diferencias entre ellas en cuanto al impacto la pandemia y su orientación política.
Y aunque sí serían competentes para adoptar medidas sanitarias no podrían restringir la libertad de movimientos, como hasta ahora ha hecho el Gobierno.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Uned Carlos Vidal Prado explica que el Ejecutivo "dejaría de tener ese mando único porque la norma del estado de alarma concentra todas las competencias en el Gobierno". Así, actuaría en base a leyes sanitarias y de coordinación y prescindiendo de decisiones "unilaterales".
Aislados solo los enfermos
Y eso, tal y como apunta el también catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, teniendo muy presente que sin estado de alarma el margen de actuación que le queda al Gobierno se refiere solo a los enfermos o contagiados, los únicos que podrían ser aislados. En cambio, no podría actuar "sobre los sanos", de manera que se acabaría con la actual restricción de movimientos a la población. López Garrido considera que el instrumento jurídico "correcto" para actuar contra una pandemia es el estado de alarma, pero también para avanzar en el desconfinamiento, porque sin su apoyo el Ejecutivo se vería muy "limitado para operar sobre el contagio".
José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional de la Rey Juan Carlos de Madrid, coincide en que la mejor manera de acometer una desescalada es bajo un mando único, porque de lo contrario se abre un panorama "mucho más complejo", ya que a las comunidades les correspondería aplicar el 90% de las medidas en consonancia con sus competencias sanitarias.
Mejor un estado de excepción
En lo que sí discrepa este catedrático es en el tipo de mecanismo escogido por el Gobierno para afrontar la pandemia, puesto que a su juicio no tenía que haber activado "este estado de alarma fake", sino un estado de excepción que hubiera permitido al Congreso "controlar realmente" los pasos dados por el Ejecutivo. Y es que ni el estado de alarma ni las leyes de sanidad pública "pueden proceder a una suspensión de derechos y libertades como la que se ha producido", remarca.
Otra cosa es lo que pueda ocurrir si no hay cuarta prórroga. Vera recuerda que la ley general de sanidad delimita los márgenes de las medidas especiales y establece que "deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad" de manera que sean "lo menos limitativas" posible para los derechos ciudadanos.
