Un menor desaparece, sus padres lo denuncian y los investigadores cuentan con indicios de que ha sido secuestrado y su vida corre peligro. Interior activará entonces una alerta para recabar la colaboración ciudadana en medios de comunicación, redes sociales, el metro y el tren para su inmediata localización.
Alerta menor desaparecido es el nombre del nuevo protocolo de búsqueda para menores secuestrados, similar al existente en otros países como EEUU, que hoy ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha destacado como "absolutamente imprescindible" para el éxito del sistema la colaboración ciudadana.
Porque su ayuda, a través de los mensajes difundidos en medios de comunicación o de canales de información de otros organismos como el metro o renfe, es la pieza clave del nuevo sistema para que las fuerzas de seguridad encuentren a un menor víctima de secuestro en las primeras veinticuatro horas, "cruciales" y "vitales" para la resolución del caso.
El lanzamiento de la herramienta coincide con la alarma generada por el supuesto pederasta que raptó a dos niñas en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, de las que pudo abusar y al que la Policía busca sin descanso.
Será la Secretaría de Estado de Seguridad, a propuesta de los responsables policiales de la investigación de la desaparición del menor y siempre que se cumplan determinados requisitos, la que decida la activación del protocolo.
Entre los requisitos exigidos para ello, además de que haya sido denunciado por sus padres, y de que éstos autoricen la emisión del llamamiento de búsqueda, es necesario para activar el sistema que la desaparición esté considerada por Interior como de alto riesgo, que los investigadores cuenten con la presunción de que la víctima corre inminente peligro o que la alerta no va a suponer un perjuicio añadido para el menor.
Se trata de casos graves de desapariciones forzosas, ha enfatizado el titular de Interior, pues de lo contrario el sistema perdería "eficacia".
Con estos factores se comenzarán a difundir mensajes y llamamientos en medios de comunicación u otros canales de forma local, autonómica, nacional o, incluso internacional, durante un plazo mínimo de tres horas y un máximo de veinticuatro, aunque se podrá ampliar otro día más con datos nuevos de la víctima.
El mensaje, que incluirá la inscripción "Alerta menor desaparecido", contendrá aquella información que se considere útil para la localización como el día, hora y lugar en la que se vio al menor por última vez, una fotografía y descripción actual -se dará detalle de la ropa que llevaba la víctima- y, en caso de se haya usado un vehículo, la marca, modelo, color o matrícula.
También figurará el número de teléfono 900 300 330, activo las 24 horas del día, al que podrán llamar los ciudadanos para ofrecer cualquier información y, si así lo consideran los agentes, la alerta podrá incluir una frase alertando de la peligrosidad del sospechoso.
¿A quién se distribuyen este mensaje? Interior ha firmado hoy convenios de adhesión al sistema con 16 entidades y organismos, entre ellos, los gobiernos de la Comunidad de Madrid, La Rioja, Murcia, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Adif, Renfe, Metro de Madrid, Radiotelevisión Española (RTVE), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Tuenti o Telefónica.
Serán los canales de estas entidades los que transmitan la alerta, aunque cualquier medio de comunicación, organismo o entidad pública o privada con capacidad consolidada de transmisión de mensajes a la sociedad podrá adherirse al sistema.
En definitiva, ha enfatizado el ministro, el nuevo protocolo supone "un importante paso" para la rápida resolución ante un caso de un menor secuestrado.
Fernández Díaz ha recordado que el pasado año se recibieron 13.050 denuncias de desaparición de menores y en lo que va de año 7.117, la mayoría fugas voluntarias, aunque en estos momentos las fuerzas de seguridad trabajan en 667 casos activos.
De todos modos, España es, junto con Grecia y Países Bajos, el país con tasas más bajas de desapariciones forzosas de menores de edad, entre 6 y 35 por cada 100.000 niños, frente a Hungría, con una tasa de 852, o Irlanda, con más de 500.
