La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha rebajado de 20.000 a 10.000 euros la fianza al último imputado que sigue en prisión, el directivo de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, en la octava disminución que se produce sin que el interesado haya conseguido reunir el dinero. La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que "persisten todos y cada uno de los motivos" que llevaron a encarcelar a Pascual hace trece meses, pero visto el tiempo transcurrido parece deducirse que esa cantidad "resulta inasequible para que pueda gozar de libertad provisional".
Por tanto, por un "criterio de proporcionalidad" y para evitar "fianzas inasequibles que hagan ilusoria la posibilidad ofrecida al imputado de gozar de libertad provisional", acuerda rebajar esa cantidad a 10.000 euros. Su abogado, sin embargo, había pedido que la fianza quedase reducida a 5.000 euros ya que Pascual debe hacer frente a otra fianza, los 25.000 euros impuestos por la Audiencia Nacional como imputado en el caso Eurobank.
La máxima liquidez que la familia y conocidos del empresario pueden reunir asciende a 10.000 euros, por lo que la defensa ha propuesto que esa cantidad se reparta entre ambos tribunales.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, la defensa recuerda que Pascual está encarcelado desde hace trece meses y "se trata de una persona de más de 60 años que no representa, a estas alturas, ningún peligro que haga suponer que ocultará, destruirá datos o se evadirá de la acción de la justicia".
Esta ha sido la octava rebaja que experimenta la fianza de Pascual desde los 600.000 euros que le impuso la Audiencia de Sevilla en mayo de 2013, que luego Alaya rebajó a 450.000 euros, 300.000, 225.000, 150.000, 50.000, 45.000 y 20.000 euros, cantidades que el empresario se declaró incapaz de reunir.
Pascual es el único de los imputados en el caso de los ERE que supera un año en prisión, ya que permanece encarcelado desde el 23 de marzo de 2013, cuando fue detenido por las sobrecomisiones que presuntamente cobraba a la Junta.
Once de los 188 imputados por los ERE han estado en prisión pero ninguno superó el año, ya que la exdirectiva de Vitalia María Vaqué permaneció encarcelada once meses y el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero estuvo nueve meses y medio en dos etapas diferentes, en 2012 y 2013.
Entre las once personas que permanecieron encarceladas se encuentra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, que quedó libre en agosto de 2012 después de tres meses y medio en prisión.
La instructora Alaya rebaja a 10.000 euros la fianza del último imputado en la trama de los expedientes
