La juez instructora del caso Mercasevilla ha archivado la causa respecto a seis empresarios que pujaron por la compra de los suelos de la lonja, pues no se les puede aplicar la prevaricación y los delitos de maquinación y fraude y exacciones ilegales están prescritos.
La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, declara "extinguida la responsabilidad criminal" respecto a los empresarios pero no respecto al exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet, pues tenía la condición de funcionario público a efectos del delito de prevaricación.
La juez archiva la causa respecto a Juan Nicolás y Eduardo Báñez, hermanos de la ministra Fátima Báñez, como responsables de la empresa Juan de Robles; respecto a Ignacio Bayón, de Realia; Bárbara Gutiérrez-Maturana, presidenta de Azucarera Larios; y a Martín Sánchez-Ramade y su hijo, de EDAMAR.
La juez explica que respecto a estos empresarios "no sería predicable el tipo de la prevaricación por 'extraneus'" o sujeto externo, como ahora solicita el ministerio fiscal al respaldar el recurso de uno de los empresarios.
Los empresarios fueron imputados por, supuestamente, concurrir al concurso público para la venta de los terrenos de Mercasevilla "con la presunta aviesa intención" de fijar artificialmente un precio y que la inmobiliaria Sanma fuese la ganadora, recuerda el auto.
Alaya aprovecha el auto para reprochar al fiscal el retraso en la causa motivado por su actitud, pues tuvo que tomar declaración a estos seis empresarios "considerando que el Ministerio Fiscal manejaba también el tipo de prevaricación en su condición de extraneus, al igual que con Sanma, perspectiva de la que ahora se aparta".
Se trata de un "incidente que no es de agrado en una instrucción judicial tan medida y cuidada como ésta, encaminada a la incoación de sumario, donde como bien sabe el Ministerio Fiscal cada posible imputado nuevo se valoraba extremadamente", afirma la juez.
"A todo lo anterior hay que añadirle las molestias propias de quien va a declarar implicado en un tema que encima posee repercusión mediática", dice Alaya en línea con su preocupación por el eco en los medios informativos de los casos que instruye sobre Mercasevilla y los ERE falsos.
La juez declara extinguida la responsabilidad penal y da traslado de su auto a José Romero González, presidente de PRASA, y a Bárbara Gutiérrez Maturana, que tenían presentados sendos recursos, para que manifiesten si desisten de los mismos al carecer de objeto.
En esta rama del caso Mercasvilla la juez investiga lo que ha denominado "adjudicación fraudulenta" del concurso de venta de los terrenos a la inmobiliaria Sanma, que ofertó 105 millones de euros frente a los 158 de su competidora Noga.
Los empresarios declararon en junio como imputados y elevaron a 24 las personas acusadas en este sumario, entre ellas el ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU).
Por otra parte, Alaya rechaza el archivo solicitado por Fernando Mellet, exgerente de Mercasevilla, y afirma que a efectos penales sí que tenía la condición de funcionario "pues Mercasevilla es una entidad municipalizada", argumentos que ya se expusieron en la causa por la petición de 450.000 euros en comisiones ilegales y que fueron ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
